Banca Pública
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, a instancia del diputado del BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG) NÉSTOR REGO CANDAMIL, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para convertir el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en una verdadera banca pública para el Estado español para su debate en la COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los últimos datos relativos al volumen de créditos y depósitos publicados por el Banco de España evidencian como el ahorro en Galiza emigra y sirve para suministrar créditos en otros territorios del Estado. Galiza cuenta con un volumen de créditos de 44.697 millones de euros, muy por debajo de los 60.588 millones de euros de depósitos bancarios, esto supone una de las peores relaciones entre créditos y depósitos de todo el Estado, pues de cada 100 euros depositados, solo 74 se destinan a crédito.
La relación entre volumen de créditos y depósitos de Galiza no solo es la peor del Estado, sino también la que peor evolución presenta pues, si comparamos las cifras antes indicadas con las de 2009, donde por cada euro en depósito existían 1,32 euros en crédito, vemos que ha caído un 44,1% hasta el 0,74% actual. Una caída además que dobla en intensidad a la registrada en el conjunto del Estado, que descendió e un 24,8%.
Estos datos demuestran claramente los negativos efectos que tuvo para Galiza la reestructuración bancaria, donde un diseño estatal ajeno a los intereses del pueblo gallego dio como resultado la pérdida de entidades financieras propias. Todo ello refuerza la idea de que es necesario diseñar medidas que favorezcan que el ahorro en Galiza se traduzca en inversión en nuestro País. Por este motivo, el BNG apuesta por la creación de una banca pública gallega que sirva de referente y que minimice los efectos de la actividad privada, orientada únicamente en la búsqueda de dividendos y beneficios.
Sin renunciar a ese objetivo, entendemos en el momento actual también el conjunto del Estado necesita que no se desvíe gran parte de la inversión hacia los mercados financieros abandonando la economía real del pequeño tejido productivo. Es necesario evitar la exclusión financiera de aquellos colectivos más vulnerables y ayudar a moderar los abusos que sufren las personas usuarias.
Para lograr abordar los retos que la crisis derivada de la pandemia y la acelerada desindustrialización, o atender a la investigación y desarrollo, necesitamos contar con una decida intervención pública. Para hacerlo, sin embargo, el Estado no cuenta con una banca pública que intervenga en un mercado oligopólico atendiendo las necesidades del ciudadano, y tampoco existe una banca de inversión o de desarrollo adecuado. Este papel de banca pública podría ser asumido por el ICO si se reconvierte dotándolo de las dimensiones y funciones necesarias para ello.
En la actualidad el ICO es una entidad pública empresarial que opera como un banco privado, que puede pedir préstamos al BCE, lo que no se ha hecho en los últimos años, y que se financia en los mercados de capitales con emisiones de deuda a largo plazo. Se trata pues de un banco público de inversión pero de reducido tamaño, pues en 2019 su activo era de 32 mil millones frente a los 503 mil millones del KfW alemán, los 554 mil millones del Banco Europeo de Inversión o los 181 mil millones de la Caisse des Dépôts.
El ICO presta, bien a través de otros bancos colaboradores, o bien directamente de forma principal a grandes proyectos de inversión. En estas operaciones no recibe fondos de los Presupuestos Generales del Estado ni subvenciones, aunque sí traslada las subvenciones a determinadas actividades al cliente final en forma de menores tipos de interés.
Según recoge entre sus objetivos, el propio organismo se define como un “instrumento de política económica para promover el crecimiento económico», pero difícilmente puede cumplir esa función cuando su inversión crediticia en 2019 fue de 21.441 millones de euros, lo que supone tan solo el 1% de los créditos totales concedidos en el Estado español. Es más, si se observa su evolución en los últimos años vemos claramente desde el 2012 la disminución continua de sus activos y margen bruto. Justamente en los últimos meses, donde se ha necesitado en mayor medida de su actuación para vehiculizar la oferta de 140 mil millones en avales habilitados para paliar los efectos económicos de las restricciones por la COVID-19, se ha puesto de manifiesto la precaria estructura que mantiene un ICO sin oficinas, sin personal y supeditado a la banca privada, ofreciendo aval público (entre un 60-80%) a créditos que, en algunos casos, el banco privado tenía ya considerado como de riesgo, riesgo que saca de sus balances pasándoselo a las arcas públicas, y muchas veces condicionando esos créditos “públicos” a la suscripción de otros productos bancarios para su exclusivo beneficio.
El ICO debe dotarse adecuadamente y ser dimensionado en sus recursos y funciones, para que pueda hacer frente a nuevos retos. De esta forma podría cumplir un papel crucial para, por ejemplo, respaldar el desarrollo equitativo de regiones y zonas despobladas, promover vivienda pública asequible en alquiler, financiar investigación y, en general, atender a las pequeñas empresas.
El ICO debe cumplir una función clave en la dinamización de la economía, atender a la financiación de proyectos que permitan un retorno a medio y largo plazo, pero que se dejan de lado por un supuesta baja o inmediata rentabilidad. Además, puede ofrecer una financiación contracíclica y así ayudar a la recuperación económica y servir de verdadero instrumento de crédito para las administraciones públicas locales y empresas.
Para que el ICO pueda cumplir esa función es necesario que dimensionarlo adecuadamente, debiendo incrementarse tanto la extensión territorial (con sucursales y oficinas) como los recursos humanos (contratando personal capacitado y con experiencia) y dotarse de un órgano de gobernanza que garantice una supervisión externa cualificada y plural con sistemas de supervisión y control de su propio funcionamiento y una mejora de sus herramientas analíticas para monitorear y evaluar los impactos de sus proyectos.
Como es lógico, sería también imprescindible aumentar exponencialmente las asignaciones al ICO por parte de los Presupuestos Generales del Estado, que han pasado de 4 millones en los PGE en 2018 a 1,1 millones en los PGE de 2021.
En definitiva, el ICO podría convertirse en banca pública y servir verdaderamente para financiar, proponer y acompañar los proyectos de las entidades públicas locales, colectivos emprendedores y pymes.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente Proposición no de Ley:
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
Realizar las reformas normativas necesarias para convertir el ICO en un instrumento de dinamización de la economía, de financiación de proyectos y de crédito para entidades públicas, personas emprendedoras e investigadores y Pymes.
Para lograr este objetivo se deberá dimensionar adecuadamente su estructura, extendiéndola territorialmente y dotándola de medios humanos, de un órgano de gobernanza plural con sistemas de control adecuados, así como aumentando exponencialmente las asignaciones al ICO por parte de los Presupuestos Generales del Estado.”
En Madrid, a 11 de marzo de 2021
