¿FUSIONES?. LA BANCA ES UN SERVICIO PÚBLICO

Y además esencial porque, salvo casos excepcionales, hoy no es posible pagar impuestos o recibos de suministros esenciales si no es a través de bancos, ni recibir nóminas, subvenciones o pensiones.  Las operaciones a través de tarjetas limitan el uso de moneda y, por tanto, del efectivo que los ciudadanos tengan “bajo sus colchones”, con lo que todos sus ahorros los gestiona el banco. La banca maneja un bien público como es el dinero de curso legal y crea dinero con la concesión de crédito. Lo anómalo es que este servicio público esté exclusivamente en manos privadas. No ocurre con la sanidad o la enseñanza, donde el Estado no se limita a regular que unos negocios privados cumplan ciertas normas, sino que decide intervenir directamente en su gestión para garantizar el bien común. Hoy se acepta también la presencia pública en sectores estratégicos.
En España se había producido ya un proceso de desaparición de un eficiente sector público bancario y, posteriormente, diversas medidas que llevaron a la práctica desaparición de una parte del sector financiero de carácter social como las Cajas, que fueron saneadas con fondos públicos para después ser básicamente regaladas a la banca privada, finalmente receptora de esas ayudas además de las que también recibió por su propia crisis. 
Esa crisis terminó en una concentración en muy pocos bancos. El resultado ha sido una pérdida de competencia que ha perjudicado a los ciudadanos e incrementado el beneficio de esas empresas (Solo en los tres primeros meses del año, los grandes bancos españoles han ganado más de 6.676 millones, un 17% más que en el mismo periodo de 2023). No es casualidad que paguen menos que la banca europea por el dinero depositado y cobren más por los créditos que otorgan. En segundo lugar, ahorran costes al reducir oficinas (y empleados en ellas), lo que afecta especialmente a la España vaciada. Las tecnologías, que permiten que los ciudadanos hagan la operativa bancaria desde sus casas, sólo redundan en beneficio para el gestor y el accionista, produciendo exclusión financiera para quienes no disponen de esas capacidades.
Con independencia de que se produzca o no la fusión o la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell (lo que agravaría los problemas expuestos) nos venden las bondades de tener entidades financieras potentes. Ya son tan grandes como para condicionar al poder político por encima de la democracia. Tan grandes como para tener que rescatarlas, con la excusa de que el país no se pueda permitir su crisis, cuando asumen demasiado riesgo en la búsqueda de los mayores beneficios. La banca es un negocio que depende de la confianza porque presta mucho más que sus recursos propios y porque los ahorradores pueden salir del banco en tropel. Un riesgo que lleva a crisis recurrentes, crisis que antes asumía el banquero pero que ahora se resuelven con dinero público.
Es falso, y hay múltiples ejemplos de ello, que no pueda ser pequeña una entidad de crédito gestionada con criterios de prudencia y atención comprometida socialmente con su clientela. Nuestro país no necesita esa fusión que elevaría aún más la concentración oligopolística y los enormes beneficios de esa banca, sino una banca pública que introduzca competencia actuando con criterios de servicio público. La anomalía internacional de ausencia en España de banca pública en el sector debería comenzar a revertirse mediante la potenciación de lo poco público que queda: 1º.- Potenciando el papel de Correos para luchar contra la exclusión financiera en línea de lo que ya fue una exitosa Caja Postal. 2º.- Potenciando el ICO como instrumento de inversión y apoyo crediticio en aquellos sectores que se determinen como social y económicamente necesarios.
Plataforma por una Banca Pública                                                                                                                                                                     mayo 2024