Julio Rodriguez sobre el protocolo contra la exclusión financiera.
EL PROTOCOLO ACTUALIZADO CONTRA LA EXCLUSION FINANCIERA NO PROMETE CAMBIOS SIGNIFICATIVOS
Julio Rodríguez López[1]
El lunes 21 de febrero las patronales bancarias AEB, CECA y UNACC firmaron la actualización del protocolo destinado a fomentar la inclusión financiera de todos los ciudadanos en general, especialmente a los mayores. El protocolo inicial, firmado el 23 de julio de 2021, no parece haber tenido consecuencias positivas. Después de esa fecha, un ciudadano de 78 años, Carlos San Juan, ha podido recoger más de 600.000 firmas de apoyo a un texto extremadamente crítico con el comportamiento de loa bancos españoles con los clientes bancarios.
La fuerte concentración bancaria producida en España en los últimos años puede generar problemas de exclusión financiera. Cinco bancos concentran el 70% de los activos bancarios (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Unicaja)- En 2008 había 45.600 oficinas bancarias que se habían reducido hasta 20.421 en septiembre de 2021.El número de cajeros automáticos había retrocedido desde 61.714 hasta 49.481 entre 2008 y 2020. La exclusión ha afectado a más de 120.000 trabajadores y trabajadoras del sector, quienes han perdido su puesto de trabajo.
La exclusión financiera se ha extendido por toda España. Dicha exclusión afecta a las generaciones de más edad, a más de la mitad de los municipios del todo el Estado y a millones de clientes de servicios bancarios. En la “España vaciada” se combina la desaparición de las oficinas bancarias, con la precaria situación de acceso a internet que aún se sufre en muchas localidades. Los ciudadanos de estos municipios tienen que hacer kilómetros de desplazamiento para realizar operaciones bancarias básicas. En 4.405 pueblos no hay entidad bancaria alguna después de 2020
La exclusión bancaria incluye otros aspectos adicionales. Destaca sobre todo el cobro de comisiones de mantenimiento de cuenta cada tres meses, el cobrar comisión por una transferencia que se hace desde el ordenador. Es preciso realizar en el cajero automático prácticamente todas las operaciones que necesita la mayoría de la clientela; lo que traslada al cliente el riesgo de manejo de efectivo en plena calle. Recientemente la Audiencia Provincial de Álava ha declarado nula por abusiva la comisión que cobraba Bankinter por ingresos de dinero en ventanilla.
La red de cajeros automáticos sufre de un notable deterioro y déficit de mantenimiento. Es frecuente encontrarse con cajeros averiados y fuera de servicio, lo que contribuye a aumentar las colas. Los bancos repiten a los clientes que los tipos de interés del BCE están en cero o cercano a cero, pero según datos del Banco de España el tipo de interés de los préstamos al consumo, empleado con frecuencia para la adquisición de electrodomésticos, ascendió en diciembre de 2021 al 7,5%.
Se desprecia a los depositantes. Ha influido en esta situación la política monetaria expansiva del BCE, similar a la de otros bancos centrales, que ha convertido los depósitos de particulares en un engorro para los bancos. Esta situación puede empezar a cambiar, a la vista de la notable tasa de inflación que se viene apreciando desde hace un año, y que ha culminado con el 7,4% de crecimiento interanual del IPC de España en febrero de 2022. Durante bastante más tiempo del inicialmente previsto, el origen de la liquidez bancaria no ha radicado en los depósitos, sino en la compras de activos y en los préstamos a tipos de interés mínimos por parte del BCE. Si los bancos centrales reducen esta aportación constante y abundante de liquidez, los depósitos pueden pasar a ser más atractivos para los bancos.
La política monetaria ultraexpansiva de los bancos centrales ha conducido a un aumento de las desigualdades sociales, pues ha reforzado en exceso los precios de los activos bursátiles y los de la vivienda. La gran mayoría de los clientes bancarios están obligados a mantener una cuenta bancaria de forma obligada, sin la cual poco puede hacerse, pues en ese caso no se podría cobrar la pensión, ni se pueden pagar los recibos de los suministros ni pagar los impuestos. El servicio bancario es un servicio básico que la sociedad necesita. De ahí que las instituciones del Estado deban velar para que sea un derecho efectivo.
En España no se dispone de ningún banco estatal que trabaje directamente con el público. El Estado cuenta con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que sufre una dependencia de las entidades privadas para distribuir sus campañas crediticias y de préstamo y que el ciudadano medio no sabe siquiera donde tiene sus oficinas.. Un particular y una empresa no pueden dirigirse al ICO para obtener financiación de forma directa. Por otra parte, una vez entregada Bankia a “la Caixa”, el Estado solo cuenta, además del ICO, con Correos, que tiene 4.675 puntos de atención al ciudadano en todo el territorio, destacando la relevancia de las oficinas abiertas particularmente en la “España Vaciada”. Correos ha abierto 109 cajeros automáticos en sus oficinas.
En cada oficina de correos funcionó hasta los años noventa del pasado siglo una estafeta de correos, muy empleada por cierto para realizar giros bancarios. Dichas estafetas se privatizaron después de 1991, vendiéndolas a un banco extranjero, que poco tiempo después prescindió de las mismas. En este momento serian de gran utilidad para realizar las operaciones financieras más elementales. El gobierno podría utilizar el importe derivado de la venta del 14% de los recursos propios que posee de Bankia, y destinarlo a fortalecer un “rincón financiero” en cada oficina de coreos.
El plan de choque firmado por las patronales bancarias el 21 de febrero de 2022 y que supone una actualización del protocolo de 2021 recoge compromisos de las entidades financieras, No se trata de un documento de aplicación obligatoria para dichas entidades. En el decálogo adoptado por los bancos destacan puntos como la ampliación de los horarios de atención presencial, que abarquen como mínimo desde las 9 a las 14 horas para los servicios de caja, la reparación de los cajeros fuera de servicio (faltaría más) y el seguimiento semestral del cumplimiento por parte del Observatorio de Inclusión Financiera. Este último no es un órgano de control independiente, sino que está integrado por representantes de los bancos.
No se sabe en qué variables se apoyará el análisis anual prometido de la situación por parte del Banco de España. No hay ningún mecanismo de penalización en caso de incumplimiento de los puntos recogidos en el protocolo citado. Se echan en falta los puntos previstos que favorecían sobre todo a la población de la España “vaciada” y que asignaban un cierto papel a Correos. Los ejemplos precedentes de compromisos equivalentes asumidos por parte de la banca, como es el caso de los desahucios, no arrojan los mejores augurios respecto del cumplimiento del protocolo de inclusión bancario renovado.
[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis.
Una versión de este artículo se publicó en El Siglo de Europa, 25.2.2022