Propuesta básica contra la exclusión financiera

INTRODUCCIÓN.

La iniciativa del médico jubilado Carlos San Juan “soy mayor, no idiota” ha dado un enorme impulso a la denuncia que desde hace meses venimos haciendo sobre la Exclusión Financiera que están soportando los ciudadanos españoles. Circunstancia que no sólo afecta a los mayores sin habilidades para operar digitalmente en un territorio abandonado de oficinas y empleados por la desaparición de la mayoría de las entidades financieras. La Exclusión Financiera ataca principalmente a la mayoría social, trabajadores, autónomos, dependientes y profesiones que viven al día de sus salarios, pensiones o ingresos periódicos. Poner trabas para disponer del dinero plantea problemas vitales imposibles de afrontar: como pagar los gastos de consumo diario y los servicios básicos. A eso dedican los ingresos la mayoría social de la población. La desaparición de las Cajas de Ahorros y la reducción del sistema financiero español a un oligopolio privado sin vestigio de banca pública ha dejado a los ciudadanos inermes financieramente. El dinero en una economía de transacciones mercantiles es un bien público, de uso universal, y el acceso al mismo, por tanto, no puede estar condicionado y mediado por un reducido número de bancos privados.

Las entidades bancarias que quedan de participación pública pueden ser punto de partida para recuperar una banca minorista y pública. Sólo el Estado puede garantizar restituir un servicio financiero imprescindible para los ciudadanos, no el mercado.

SOLICITAMOS A QUIEN CORRESPONDA:

Que inmediatamente, ante la urgencia de la situación, se nombre un delegado del gobierno para la inclusión financiera. Integrar como interlocutores en la búsqueda de soluciones a los sindicatos de trabajadores bancarios, de correos y de las asociaciones en defensa de los derechos de los consumidores y organizaciones contra la exclusión financiera.

Anticipamos otras propuestas que pudieran ayudar en el debate de soluciones:

1º.- De forma inmediata, la red de Correos no debe estar al servicio del negocio de entidades privadas, sino realizar directamente las operaciones básicas que ya en su momento realizaba como Caja Postal más las que le permite su condición de Entidad de Dinero Electrónico (EDE). Así mismo se debe exigir que la formación financiera (y equipamiento) llegue a toda la población de acuerdo con las exigencias de la Unión Europea.

2º- Otra prioridad inmediata es defender y apoyar de forma total a las cooperativas de crédito y cajas rurales y las finanzas éticas y solidarias. Las cooperativas de crédito se deben mantener para atender y financiar a la población rural. Es la banca de proximidad alternativa que queda. En este sentido es de gran interés el dictamen en 2015 del           Comité Económico y Social Europeo (ECO 371) a favor de las cooperativas de crédito y las Cajas de Ahorro.

 3º. Para crear la banca de desarrollo local y contribuir al equilibrio territorial que se necesita (una recomendación del primer encuentro mundial de la banca de desarrollo, la Cumbre de Finanzas en Común), es importante aumentar las sucursales del ICO a nivel provincial (y más en concreto las de la España vaciada) pudiéndose ubicar en los locales públicos existentes. Propuesta reclamada en el manifiesto «Transformar el ICO en un auténtico banco de desarrollo» firmado por economistas, personalidades, la Plataforma por la Banca Pública y otras entidades firmantes

4º.- Esta es una propuesta de urgencia y de mínimos, sin que ello quiera decir que no se aspire a crear un polo de banca pública de más envergadura en España.

Plataforma Contra la Exclusión financiera

Que apoyan:

CCOO; UGT; USO; CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios). REFAS (Red de Finanzas Alternativas y Solidarias); FRAVM (Federación de Asociaciones de Vecinos y vecinas de Madrid); FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos y vecinas de Barcelona); ATTAC España; COESPE (Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema Público de Pensiones); SICOM (Solidaridad y Comunicación). ASTRADE (Asociación Trabajo y Democracia); ACOUGA (Asociación Galega de Consumidores e Usuarios); Alianza de Mareas y Movimientos Sociales de Cataluña; Comisión Promotora; Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña; Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña; Economistas Frente a la Crisis; Economistas Sin Fronteras; Plataforma por una Banca Pública