Ruz pregunta a Anticorrupción si debe investigar a Botín por las hipotecas basura
El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe investigar la denuncia presentada el pasado 30 de octubre por 21 particulares vinculados a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y otros directivos de la entidad financiera por los presuntos delitos de estafa continuada, asociación ilícita y organización criminal. Entre los denunciados están también Patricia Botín, hija del presidente del Santander; Alfredo Sáenz, exvicepresidente del banco, y el exministro de Exteriores Abel Matutes.
La denuncia también va dirigida contra los directivos Phillippe Sirgant y Boris Pascal, del banco francés BNP Paribas, y contra la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), que ejercía como intermediaria. La PAH asegura que la presunta estafa se cometió por medio de una red de mercantiles siguiendo «un plan preconcebido de comercialización» de productos financieros tóxicos «en perjuicio de los deudores y del orden socioeconómico».
Escasa solvencia económica
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca sostiene en la demanda que el Santander y BNP Paribas concedieron a través de UCI préstamos a personas con escasa solvencia económica. «Aparecen indicios de estafa en la concesión de tales préstamos al provocar endeudamientos durante décadas con falta de información y engaño acerca del riesgo contraído», especifica el escrito.
La denominación de «basura», según explican en la Plataforma, se fundamenta en el hecho de que los préstamos se comercializaban a personas con inestabilidad laboral y sin recursos suficientes. «Con cláusulas usurarias, que han hecho que algunos de los clientes del Santander deban más dinero ahora que cuando contrataron la hipoteca», resalta el abogado Rafael Mayoral. Este es el caso de S. A, a quien el 14 de noviembre de 2006 se le concedió un capital inicial de 245.000 euros, «y en el certificado de liquidación expedido el 31 de mayo de 2013 figura un capital pendiente de pago de 251.650 euros». La situación que sufre S.A., uno de los denunciantes, es similar al vivido, según la Plataforma, por L.E.R, con un capital pendiente de 150.478 euros en mayo de 2013 cuando el inicial, firmado en 2005, era de 156.000 euros. En total, la Plataforma sostiene que al menos seis familias tienen en la actualidad una deuda con el banco superior o similar al dinero que les habían prestado inicialmente.
Pregunta por la estafa
Ruz, en un auto del pasado 5 de noviembre que ya ha tenido su entrada en la Fiscalía Anticorrupción, le pregunta al Ministerio Público si tal y como denuncia la PAH existe un delito de estafa continuada en la comercialización de centenares de hipotecas que la Plataforma denomina «basura» pero que también se conocen como subprime, tal y como aseguran en la denuncia los 21 afectados procedentes de Barcelona, Madrid, Murcia y Alicante, que especifican que las condiciones de los préstamos eran «leoninas».
Fuentes de la Audiencia Nacional han especificado a infoLibre que la decisión de Ruz de informar a la Fiscalía de la existencia de la denuncia de la PAH entra dentro de los trámites habituales, por lo que esto no significa que el magistrado que investiga también el caso Gürtel vaya a admitir a trámite la denuncia. En este sentido, su actuación en este caso es idéntica al modus operandi que sigue en los casos Gürtel y Bárcenas, en los que por regla general da traslado a la Fiscalía Anticorrupción de las peticiones de las partes. Después de recibir el escrito del Ministerio Público, el magistrado tendrá que tomar una decisión en virtud de que advierta la existencia o no de indicios de delito en la denuncia de la Plataforma.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, los afectados aportan indicios de que el Grupo Santander y BNP Paribas otorgaron préstamos hipotecarios para el acceso a la vivienda «en unas condiciones que hacían previsible el impago de un elevado número de ellos». Y estos préstamos, que califican también como productos financieros «tóxicos», se concedieron «sin avisar a los clientes del riesgo de la operación».
Comercialización «temeraria»
Esta comercialización irregular, que según la PAH fue «temeraria», tenía como finalidad «el lucro con la posterior venta de los préstamos a inversores internacionales». De esta forma, las entidades financieras logran sacar las hipotecas «basura» de sus balances internos: «Y así consiguen nueva financiación con la que continuar el negocio del préstamo hipotecario».
Estos préstamos incluyen también condiciones declaradas abusivas por los tribunales: «Un abuso que se multiplica en los casos de renegociación de deuda en los que UCI impone condiciones usurarias como la capitalización de intereses durante el periodo de duración de los acuerdos». La venta de estos productos hipotecarios se realizaba, explica la denuncia, a través de una compleja red de sociedades mercantiles y profesionales del ámbito inmobiliario.
133.000 hipotecas
Según los datos aportados en la denuncia, el conglomerado de UCI, hasta la fecha de esta denuncia, ha concedido en España más de 133.000 hipotecas y más de 22.000 préstamos personales asociados. «Estamos ante un problema que trasciende lo mercantil y lo civil, para entrar de lleno en un conflicto en el que se violan los derechos humanos, en el que los sectores más vulnerables de la sociedad están siendo sometidos a un saqueo por parte de las entidades financieras, que les sitúa a muchos de ellos en situaciones de exclusión social», resalta la Plataforma.
Y las consecuencias concretas de estas hipotecas basura son, según denuncia la PAH, la pérdida del empleo, de la vivienda, del permiso de residencia y en los casos más extremos la pérdida de la custodia de los hijos o la expulsión del país.
Leído en Infolibre