La izquierda europea se olvida de la banca pública
Con motivo del quinto aniversario de la quiebra del Lehman Brothers un comunicado sobre la crisis financiera se ha extendido por las redes sociales. Los firmantes del comunicado, entre sus propuestas de reforma del sistema financiero, no piden la implantación de una banca pública. Y ese es el objetivo de este artículo: aclarar la necesidad de la banca pública y apuntar qué se puede hacer para convencer de esa necesidad.
El documento al que me refiero está firmado por más de cien movimientos ciudadanos, entre ellos los Attac de muchos países de Europa, y lleva el título de ‘La quiebra del Lehman Brothers: el aniversario de las promesas rotas’. Encontramos en él una apropiada descripción de la crisis que padecemos: “La peor crisis económica, social y ecológica en décadas”; de sus efectos perversos: “El paro…., la crisis del euro que ha acarreado dolorosas medidas de austeridad… y cientos de miles de millones de euros en rescates a los bancos …” y sobre todo una condena a los políticos europeos por no cumplir sus promesas de reformas financieras “Pues la regulación europea sigue permitiendo a los bancos –como el Deutsche Bank y el Barclays- tener deudas superiores a las del Lehman Brothers antes de su quiebra”.
Hasta ahí todo bien. Pero de la banca pública, nada de nada.
Empecemos por argumentar por qué hay que apoyar una banca pública.
El sistema bancario tiene como objetivo dirigir el ahorro de los ciudadanos hacia la inversión. Y la clave de por qué se necesita una banca pública está precisamente ahí. Es indispensable la inversión, pública o privada, para crear empleo y salir de la crisis; pero una inversión que se dirija hacia las verdaderas necesidades de la población. Y también garantizar que el dinero de los ahorradores estará bien cuidado. Actualmente con la banca privada ninguna de las dos metas se están cumpliendo.
Podemos utilizar, de forma simplificada, tres razones en defensa de la banca pública:
En primer lugar, la banca pública es pública y por definición está destinada a buscar el bien común y a prestar un servicio público y además debe ser democrática (“… Participación de los interesados … en los organismos públicos…”, artículo 129 de la Constitución Española). Por el contrario, la banca privada tiene como objetivo último obtener el máximo beneficio y en absoluto permite el control ciudadano en su actividad.
En segundo lugar, el sistema financiero en general y la banca privada en particular tienen tal poder que incapacita a los Gobiernos a buscar el bien común, corrompe al Estado y el sentido de la democracia (que según Victoria Camps es participación, autogobierno y cooperación) a través de los paraísos fiscales, las ayudas a las campañas electorales y a los partidos políticos, y las ‘puertas giratorias’”.
Y en tercer lugar, el sistema financiero actual desregulado, privatizado y sobreendeudado está en el origen de las crisis económicas y de la extensión de la corrupción que se han sucedido en estos dos últimos siglos.
¿Y qué papel juega la participación ciudadana en esta historia? Pues un papel muy importante: asegurar la eficiencia de lo público. Porque no es suficiente que los bancos sean de propiedad pública para que sean eficientes. Esto estará en vías de conseguirse con la participación y gestión ciudadana.
Para ello se requiere una nueva forma de gestionar la Administración. Es necesaria tanto una formación técnica a los trabajadores como una formación ciudadana y política a la población.
Pero ¿cómo ir cambiando la relación de fuerzas de los que están a favor de una banca pública si a la gente le cuesta tanto creer en la eficiencia de lo público?
No queda otra. Haciendo una incesante pedagogía a favor de lo público y de la defensa de otra democracia. Porque los medios de comunicación no paran de demonizar lo público como ineficiente y cueva de corrupción, y nada dicen en este sentido contra lo privado. La pedagogía que proponemos comienza por ir desmontando sus mentiras con análisis serios1.
Y la mentira más extendida últimamente en contra de la banca pública es hacer a las cajas de ahorro ( gobernadas por políticos) únicas responsables de nuestra crisis financiera. Es una mentira que va costar desmontar, pero que está bien documentada2 y que desarrollaremos en otro momento.
Sólo mencionaremos que la banca pública local (las cajas postales) y las cajas de ahorro estuvieron muchos años al servicio de la financiación popular. Y fue la nueva normativa de las cajas las que las convirtió, en la práctica, en bancos privados, de los que copiaron sus astronómicos sueldos. Así mismo, los grandes bancos españoles estaban y están sobreendeudados, por eso han tenido que acudir a los préstamos del Banco Central Europeo al 1% y al 0,5%, entre otras ayudas públicas, y cerraron el grifo del crédito. Y sus problemas de insolvencia no sólo se debieron a la burbuja inmobiliaria, sino también a los irreflexivos préstamos a grandes corporaciones, que ahora se ven obligados a refinanciar porque no pagan: Telefónica, ArcelorMittal, El Corte Inglés, Ferrovial, Prisa, Pescanova, por nombrar sólo algunas.
Así mismo hay que poner ejemplos de a dónde nos lleva la gestión privada de los servicios públicos y de las actividades estratégicas: la libertad de oferta de suelo (Ley del Suelo de de 1998 de Aznar) nos llevó a la burbuja inmobiliaria; la liberalización de la electricidad, a la deuda tarifaria y a la subida de su precio… Y al aumento de las muertes en la sanidad y en los trenes británicos, a la crisis de Iberia, a la deuda de Telefónica….
Terminemos con el ejemplo de Ecuador, que tiene banca pública y ha puesto límites a la banca privada. El resultado ha sido la superación de la crisis y la mejora de sus principales indicadores económicos y sociales. “Son cosas chiquitas… Pero quizás desencadenen la alegría de hacer … y probar que la realidad es transformable”. (Eduardo Galeano).
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Notas
1.desmontandomentiras.tomalaplaza.net
2.Reestructuración del sistema financiero español. Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro.
La Plataforma no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización