DOCUMENTO-PROPUESTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS SOBRE BANKIA Y BANCA PÚBLICA

23/06/2018

INTRODUCCIÓN

La crisis financiera (que cumple ahora 10 años) ha demostrado la importancia estratégica de la actividad bancaria. Esta cumple un imprescindible servicio público, pero supone un gran riesgo por su orientación al ánimo de lucro, lo que le empuja a eludir las regulaciones y los criterios de prudencia, con elevados costes para el ciudadano. El sector de la banca pública, sin embargo, y tal como ha reconocido el Banco Mundial, ha jugado un papel positivo durante esa crisis. Desafortunadamente, en nuestro país su presencia es mínima.

Ha habido un interés especial en presentar esta crisis como de las Cajas de Ahorro, identificándolas además como banca pública aun siendo entidades privadas, aunque sin ánimo de lucro. Como consecuencia de las medidas tomadas, prácticamente todas ellas ahora son bancos y una mayoría de estas han entrado en la órbita de entidades más grandes, llevando al sistema financiero español por la senda del oligopolio. Se ha cumplido el viejo deseo de la banca privada de hacerse con esa mitad de los depósitos bancarios, y la crisis era la ocasión.

PROPONEMOS

La creación inmediata de un Banco público de ámbito estatal a partir de la actual entidad Bankia, llevando a cabo las medidas políticas y legislativas correspondientes. Dentro de estas últimas estarían las de replantear las funciones actuales del ICO, la SEPI y Correos, garantizándose así las sinergias del sistema. La creación de ese Banco no impediría que cada Autonomía pudiera asumir la responsabilidad de determinar el tipo y alcance de un proyecto propio de banca pública, institutos o agencias de inversión.

La creación del nuevo banco a partir de Bankia se explica por las ventajas que supone que esa entidad disponga ya de una amplia red, personal experimentado, acceso a la financiación del BCE y solidez financiera. Además, se evita la necesidad de acudir significativamente a los presupuestos del Estado para la puesta en marcha de una nueva entidad. Para acomodarla al conjunto del Estado se requeriría garantizar un grado de descentralización en la gestión que permita la participación de cada Autonomía. Igualmente habría que corregir el desequilibrio territorial de la implantación actual de Bankia/BMN

PARA QUÉ QUEREMOS ESE BANCO PÚBLICO

• Para introducir competencia en los mercados financieros, rompiendo la actual tendencia al oligopolio, y ser, por el contrario, un factor de referencia para el sector con un criterio de servicio público. Por supuesto, sin presencia en paraísos fiscales, sin especulación financiera y sin inversión en actividades socialmente reprobables.
• Para proporcionar a PYMES, autónomos, Ayuntamientos medianos y pequeños y cooperativas, la financiación de sus proyectos en unos plazos y a unos tipos de interés correlacionados con el carácter de las inversiones, considerando también el retorno social de estas.
• La Banca pública de depósitos y crédito no asumiría participación en el accionariado de empresas, traspasando esa función a una Agencia estatal similar a la actual SEPI. Ello con independencia de colaborar a las directrices de desarrollo de los poderes públicos facilitando la financiación de proyectos estratégicos y líneas del ámbito socioeconómico de interés público, como el desarrollo rural, la lucha contra el cambio climático y otras.
• Dicha banca pública podría actuar como intermediaria entre el ICO y los beneficiarios finales de sus financiaciones, desvinculándolo de su actual dependencia de la banca privada.
• Mejorar las líneas de financiación de nuestras administraciones y entes públicos.
• Facilitar el depósito de su tesorería, la recaudación de tasas e impuestos, o la gestión de nóminas públicas.

CÓMO LO QUEREMOS HACER

A partir de la entidad de crédito Bankia, que es un 60 % propiedad del Estado, y contando con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Habría que modificar los estatutos de Bankia para adaptarlos a las finalidades antes descritas. Sería deseable que el Estado sacara a la entidad de cotización en bolsa y recuperara la totalidad de su acciones.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL BANCO

El buen funcionamiento de lo público y la ausencia de corrupción exigen las siguientes garantías expresadas formalmente en una Ley.
• Una gestión profesionalizada y democrática, con auténtico control de las instancias 
públicas.
• Operando en condiciones de transparencia, publicidad y participación social. Con indicadores de rendición de cuentas y acceso fácil a una información comprensible.
• Con indicadores de calidad del servicio (técnicos, financieros, sociales, medioambientales…).
• Un sistema de selección de sus directivos y de los representantes en los órganos de decisión objetivo, y siempre que sea posible mediante concurso realizado por un tribunal en un proceso abierto que permita su supervisión. La selección se regirá por los criterios de mérito, capacidad y experiencia (ley 40/2015), no siendo necesario que alcancen la condición de funcionarios.
• Incompatibilidades de los gestores y limitación de sus retribuciones.
• La separación entre los órganos de gestión y los de control y vigilancia.

EFECTOS PARA LOS CIUDADANOS PARTICULARES

• Todos los ciudadanos podrían ser titulares de una cuenta corriente gratuita y con comisiones mínimas y utilizar los medios de pago habituales con diversas modalidades de acceso según sus necesidades. Se dispensaría una atención especial a aquellas personas que se han visto excluidas por la oleada de cierre de oficinas bancarias.
• Igualmente se ofrecerían a los ciudadanos particulares productos de ahorro finalista, tales como cuentas de ahorro-vivienda, fondos para estudios, etc. que podrían estar ligados a apoyos financieros y ventajas fiscales.

MEDIDAS INMEDIATAS

No tiene sentido que siendo el Estado accionista mayoritario no se note su carácter público y no posea siquiera presencia en su consejo de Administración.
Por tanto, deben darse instrucciones para que de inmediato se apliquen los criterios que se recogen en los apartados anteriores.