Nova Caixa Galicia debe de ser nacionalizada definitivamente

7 de febrero de 2014

NO a la privatización de las cajas-bancos nacionalizadas
SÍ a una banca pública gestionada democráticamente en beneficio de la ciudadanía

7 de febrero de 2014

Quienes reivindicamos una Banca Pública llamamos a todas las entidades sindicales, sociales y políticas de la izquierda a movilizarse con todos los medios a su alcance para denunciar la privatización de Novagalicia Banco, y exigir que la entidad financiera sea nuevamente nacionalizada de forma definitiva, poniendola al servicio de la economía de las personas, para un desarrollo sostenible, y sin ánimo de lucro.

La operación de venta de Novagalicia Banco, que es la marca de la entidad resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova (NCG), consuma un nuevo y escandaloso expolio de fondos, fundamental-mente públicos. Hasta el momento ha supuesto ya unas pérdidas de 8.780 millones de euros para el Estado, más del doble del recorte realizado por las Administraciones Públicas en Educación. Pero el coste no va a quedar ahí dado que la operación de privatización en que ha consistido la venta al Grupo Banesco de la entidad, no excluye los riesgos que seguiremos asumiendo en el futuro, aunque NCG ya no forme parte de la propiedad pública y que podrían alcanzar otros 23.000 millones de euros adicionales.

Además, se frustra la posibilidad de que en el ámbito gallego se establezca una Banca Pública, que generaría y mantendría empleos, evitaría la exclusión bancaria y supondría un relanzamiento de la economía gallega.

Y, finalmente, el proceso se ha llevado a cabo con absoluto desprecio de la mínima transparencia. No se conoce con certeza ni cuáles han sido los otros oferentes ni el contenido de sus ofertas, ni el acuerdo definitivamente firmado entre el FROB y el comprador de NCG . Hay serias dudas de que el proyecto llegue a buen fin, habida cuenta de las condiciones de la venta, 400 millones de euros al contado y el resto, 603 millones aplazados hasta el 2018, y la escasa dimensión del comprador, entre otros aspectos.

Los grupos políticos deben exigir la comparecencia del presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Fernando Restoy, y la del gobernador del Banco de España, Luis M. Linde, para que expliquen los pormenores de esta operación y exigirles que  revoquen su  decisión.

También es importante convocar a los miembros de los Órganos de gobierno de las Cajas (Consejo y Comisión de control) que eran los únicos legitimados para decidir entre las distintas alternativas, la política financiera de las Cajas, su plan de expansión, y por último la necesidad de fusionarse o no. Actuaban en representación de los impositores, de los trabajadores, de las entidades Fundadoras y otras de caracter social, y no se les puede eximir de la responsabilidad de las decisiones tomadas, y de no consultar ni informar a las personas y entidades cuyos derechos tenían que defender. Así se perdió, en perjucio de la Sociedad en general, un valioso patrimonio, que suponía unas actividades culturales y sociales, de gran importancia, así como una gestión financiera, que en tiempos las hizo acreedoras de la confianza de las personas, al acumular más del 50% de los ahorros.

Basta de regalar dinero público a los banqueros

En ayudas de todo tipo, el Estado ya ha puesto 137.000 millones de euros (43.529 millones en capital) en el conjunto de entidades nacionalizadas (Nova Caixa Galicia , Bankia, Catalunya Caixa, Banco Mare Nostrum y Banco de Valencia) para evitar su quiebra. Como muestra el ejemplo de NCG, en cualquier caso no se resarcirá al Estado por dinero invertido y será un regalo a la entidad financiera privada que lo compre, la cual aumentará el volumen de depósitos que controlará y ampliará su capital, mejorando su propia situación financiera sin arriesgar nada. Las entidades nacionalizadas, una vez saneadas con dinero público, se regalan a los bancos privados.

Todo el sistema financiero estaría en quiebra si no fuera por las ayudas públicas, que alcanzan los 632.000 millones de euros, incluyendo los préstamos del BCE. ¡Una cifra que supera el 60% del PIB! Además el Estado avala los depósitos de los ahorradores hasta un máximo de 100.000 euros por titular, lo que permite una financiación extremadamente barata para las entidades bancarias privadas. Las cajas han sido utilizadas como cabezas de turco para ocultar esa realidad y sanear al conjunto del sistema a costa del erario público. Desde hace años, se han ido dando pasos en la dirección de convertir las cajas en bancos privados, y las propias directivas de las cajas son las primeras responsables de ello. La crisis se ha convertido en la excusa perfecta para culminar ese proceso. Es necesario desenmascarar la actuación de los gobiernos y las directivas de las cajas, exijir responsabilidades políticas y penales, y la recuperación de unos patrimonios y servicios que han sido hurtados a la población, para lo que es imprescindible rechazar la privatización de dichas entidades. Y, finalmente, es necesario desenmascarar a los principales beneficiarios de esta actuación, la banca privada, que se está saneando a costa de dinero público y apropiándose de los depósitos y activos de las antiguas cajas a precio de ganga.

Beneficios millonarios para una minoría durante los años del auge económico y pérdidas, ahora, para la mayoría: desahucios, despidos, estafas como las preferentes y recortes del gasto público. El Estado se hipoteca asumiendo las pérdidas de las entidades financieras y recorta el gasto social. Y es que el volumen de pérdidas acumuladas por los bancos es tan grande que las Administraciones Públicas están quedando endeudadas a perpetuidad para pagarlas. Mentía el Gobierno cuando afirmaba que el rescate de los bancos no iba a costar un euro al erario público.

La política de recortes sociales y derechos laborales y la reforma del sector financiero son dos caras de una misma moneda. Están haciéndonos pagar a la mayoría de la sociedad, sobre todo a los trabajadores, los platos rotos de su sistema: el capitalista. En conjunto, se está produciendo una brutal transferencia de renta de los asalariados y capas más humildes de la sociedad a las más ricas, con un crecimiento drástico de las desigualdades.

Por eso decimos que están usando el dinero público para salvar a los banqueros, no a los bancos, cuyos grandes accionistas son tan poderosos porque dominan el ahorro de la sociedad. Y ahí está el quid de la cuestión. No se puede dejar en manos privadas la gestión de los ahorros de todos porque, las empresas privadas compiten entre ellas por el máximo beneficio privado sin importarles las consecuencias para la sociedad, y el mejor exponente de esto nos lo ha dado el capital financiero. La concentración de entidades bancarias, pagada y estimulada con dinero público, sólo servirá para garantizar nuevas crisis y nuevas burbujas aún más graves.

La única solución real es que el sector financiero sea público y con un control democrático real; que nuestros ahorros se empleen de forma transparente y racional, en beneficio del progreso de toda la sociedad y no para el lucro de una minoría.

El primer paso que exigimos es que no se privatice ninguna de las entidades nacionalizadas, sino que se las convierta en el primer pilar de una banca pública. Es la única manera de no arrojar por la borda la enorme cantidad de dinero público ya empleado en sanearlas, y poner los ahorros depositados al servicio de las necesidades sociales.

Finalmente, y después de la actuación con Novagalicia Banco, animamos a las fuerzas políticas, sindicales y sociales de la izquierda, a lanzar una campaña para detener los planes de privatización del resto de entidades nacionalizadas —Catalunya Caixa y Bankia—, utilizando todos los recursos a su alcance para explicar las consecuencias de la misma y llamar a la movilización.

Sí hay alternativa. La banca pública es imprescindible

• Nacionalización definitiva de Nova Caixa Galicia. La indemnización no podrá superar el dinero que Banesco, la entidad privada nacionalizada que ha adquirido NCG, hubiera pagado. Se detendría el proceso de privatización del resto de entidades nacionalizadas.
• Nacionalización de forma integral y definitiva del resto de las cajas de ahorros y sus bancos participados, a fin de convertirlos en el pilar central de una banca pública. Rechazamos la política de sanear entidades con dinero público para posteriormente  privatizarlas.
• Las ayudas públicas que se hayan facilitado al resto de entidades bancarias (incluidos los préstamos del BCE), deben dar lugar a la participación del Estado en la propiedad de dichas entidades y a la entrada de representantes públicos en los consejos de administración de las mismas. Una medida que supondría la nacionalización del sector bancario rescatado para constituir una verdadera banca pública, controlada democráticamente y con una finalidad social, y que funcione de forma coordinada a nivel estatal.
• Realización de una auditoría pública. No se transferirá ni un solo euro público más a ninguna entidad hasta que se complete una auditoría pública y transparente de las cuentas de todas las entidades financieras españolas que permita establecer un plan de saneamiento efectivo. La auditoría incluirá a las grandes empresas, dado que ellas son las responsables de la mayor parte de la deuda. La auditoría la realizará un organismo público formado por técnicos no vinculados a los órganos directivos de las entidades financieras, bajo supervisión democrática y sus resultados serán públicos y expuestos de forma asequible para todos los ciudadanos; se crearán los cauces para que los impositores puedan manifestar su opinión ante el hecho que de que estas entidades, que gestionan sus ahorros, se vendieran a otras entidades privadas sin contar con su opinión. Esta investigación ha de servir para establecer el estado real de los balances de los bancos y grandes empresas, así como quiénes son los acreedores de dichas deudas y quiénes se han beneficiado de la política de sobre endeudamiento practicada durante los años de auge económico.
• Decretar una moratoria en el pago de la deuda. Hasta que no esté terminada la auditoría se decretará una moratoria en el pago de la deuda pública, la cual también tendrá que ser sometida a una auditoría por el mismo procedimiento y con los mismos criterios que la realizada a las entidades financieras. Dicha auditoría permitiría qué deuda es legítima y cuál no, sentando las bases para la aplicación de una quita forzosa que acabe con el sobreendeudamiento de las Administraciones Públicas.

Una vez finalizada la auditoría se establecerá el siguiente criterio para sanear los balances de las entidades:

• Los primeros en asumir las consecuencias de su situación deben ser los accionistas y bonistas. Los siguientes, los acreedores. A partir de la información suministrada por la auditoría se establecerá qué deuda devolver y qué deuda se considera ilegítima y, por tanto, no se devolverá, forzando una quita de la deuda. La devolución del resto se reestructurará de forma que no impida el desarrollo de la sociedad. Sólo después de dar los anteriores pasos, se inyectará dinero público a fin de garantizar los depósitos de los impositores.
• Se abrirá una investigación judicial para depurar las responsabilidades de los directivos y grandes accionistas de las entidades bancarias.
• Se respaldarán las medidas legales oportunas para defender los derechos de todos los pequeños accionistas forzosos que hayan sido engañados en beneficio de las entidades financieras para que suscribieran productos financieros de alto riesgo.

La banca pública que propugnamos se dotará de una estructura de gestión y control democráticos, y se regirá por una política de servicio público a la comunidad:

• Elección democrática y transparente de todos los integrantes de la misma, y limitación de los salarios de todos los directivos al salario de un trabajador público equivalente.
• Incompatibilidad para formar parte de la dirección de cualquier persona que haya formado parte de los consejos de administración de otras entidades financieras durante los últimos 10 años. Igualmente, ningún directivo de la banca pública podrá incorporarse a los consejos de administración de entidades financieras privadas en los siguientes 5 años de abandonar el cargo.
• Obligación de rendir cuentas anual y públicamente, en los parlamentos de las diferentes comunidades y central, en un lenguaje asequible para todos los ciudadanos.
• Su gestión  y control serán transparentes y participados por los sectores sociales como fórmula para lograr la eficiencia y la lucha contra el fraude.
• Se establecerá un control efectivo del movimiento de capitales y se intervendrán las sucursales o filiales de bancos españoles en paraísos fiscales, a fin de evitar que las grandes fortunas eludan sus responsabilidades fiscales y sociales. La banca pública no podrá abrir sucursales en paraísos fiscales.
• El parque de viviendas vacías en manos de los bancos pasará a engrosar un parque público de viviendas, que se alquilarán a precios asequibles mediante una empresa pública de alquiler. Así mismo, los suelos en manos de las entidades financieras, también se incorporarían al patrimonio público para su utilización con fines dotacionales o de vivienda protegida.
• Condonación de la deuda a todas las personas desahuciadas por falta de recursos, aplicando la dación en pago con carácter retroactivo. En los casos de familias que se vean amenazadas por el desahucio por imposibilidad de pagar las cuotas de su vivienda, se les aplicará la dación en pago incorporando la vivienda al parque público y podrán seguir viviendo en ella a cambio de una renta asequible.
• Las entidades se vincularán también a sus territorios, pasando su actuación a estar coordinada con las diferentes administraciones, incluidos los Ayuntamientos, formando parte de sus planes de desarrollo económico y social. Su prioridad será que los ahorros de la sociedad se gestionen en beneficio de la sociedad, con criterios de eficiencia económica y social. La obra social de las cajas, cuya utilidad social se acredite en un proceso en el que participarán el conjunto de sindicatos y colectivos sociales, se incorporará mediante un proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes administraciones. Todas las participaciones en empresas de las entidades financieras pasarán a manos públicas. Además, la banca pública sería el cauce para la gestión del cobro de los impuestos, lo que abarataría sustancialmente el proceso.
• Detener los despidos de trabajadores y trabajadoras, tanto de la parte financiera como de su obra social y fundaciones. Es necesario defender los puestos de trabajo, en condiciones dignas, además de que existan medios para una atención adecuada a los impositores de la entidad. Los trabajadores de la banca pública se incorporarían al sector público y se regirían por el Estatuto Básico del Empleado Público.

PLATAFORMA POR UNA BANCA PÚBLICA

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