Si nosotros pagamos, nosotros decidimos
Hay que nacionalizar el BFA-Bankia íntegramente
La nacionalización parcial del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, nos da la razón a quienes venimos exigiéndola desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, la medida del Gobierno sólo pretende pagar con dinero público las deudas que la entidad tiene, fruto de los años de la especulación del ladrillo, para luego devolverla a manos privadas, es decir, a manos de los grandes accionistas y directivos de la banca privada. Mientras, por el camino se está perdiendo la Obra Social y, por ahora, unos 4.000 empleos.
La entidad ya ha obtenido algo más de 30.000 millones de euros de dinero público en distintos conceptos: avales, compra de títulos del banco y compra de participaciones preferentes. Además, ha recibido 40.000 millones de euros del Banco Central Europeo al 1% de interés y a devolver en tres años. Y, a pesar de toda esta ayuda, va a necesitar entre 7.000 ó 10.000 millones de euros más, lo cual, probablemente no será suficiente para resolver la situación de la entidad. ¡En total estamos hablando de unos 80.000 millones de euros, una cantidad que equivale a lo que se pretende recortar en gasto público (sanidad, educación, dependencia, etcétera) y empleo!
Por tanto, esta entidad debe ser definitivamente íntegramente pública nacionalizándose de manera completa tanto el BFA como Bankia y poner en marcha unas medidas que permitan una gestión bajo control democrático, transparente y que realmente permita sanear la situación de la entidad. Para ello reclamamos:
– El cese del conjunto de los órganos de dirección de BFA-Bankia y su sustitución por personas con la necesaria cualificación técnica pero que no estén vinculadas a la gestión de las entidades financieras. No podemos poner a ex-directivos de la banca privada, pues sería como «poner a la zorra a cuidar del gallinero», son estos “gestores profesionales” los responsables principales de la situación de bancos y cajas y lo que les reprochamos a los representantes políticos y sindicales es el habérselo permitido.
– La realización de una auditoría pública y completa de la entidad, de forma asequible para todos los ciudadanos, que permita conocer su situación real y establecer un plan efectivo de saneamiento.
– La primera prioridad en dicho proceso de saneamiento será la protección de los ahorros, por modestos que sean (las nóminas y pensiones…) de los más de 10 millones de impositores, que no los depositaron en dichas entidades para que sus gestores los dilapidaran en actividades especulativas.
– Dicho saneamiento debe de hacerse, en primer lugar, a costa de sus accionistas y acreedores, y sólo como último recurso mediante la inyección de dinero público.
– Se tomarán medidas para garantizar los intereses legales de los pequeños accionistas, apoyando mediante la actuación del Ministerio Fiscal las reclamaciones de los que han sido engañados para que comprarán productos financieros que les han transformado en accionistas forzosos con información falseada.
– El establecimiento de responsabilidades de los antiguos gestores de la entidad, del Banco de España, así como de los gobiernos (central, autonómicos y municipales) y de las distintas entidades de las Asambleas Generales de sus Cajas, que tenían la responsabilidad de velar por estas entidades Cajas de Ahorros.
– La obligación de vincular la gestión de la nueva entidad a las políticas sociales y económicas de las administraciones públicas, con un rendimiento público y transparente de las cuentas todos los años en un lenguaje asequible para el conjunto de la ciudadanía. Esto permitiría salvaguardar la Obra Social incorporándola a la red pública de servicios sociales y, sobre todo, posibilitaría que la gestión de los ahorros de la sociedad depositados en esta entidad esté dirigida a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo.
– Cierre inmediato de todas sus sucursales en paraísos fiscales, bloqueando de forma inmediata los fondos ahí depositados, así como establecimiento de la prohibición de participar en actividades especulativas o relacionadas con la privatización de servicios públicos.
– La integración del parque de viviendas de Bankia (unas 25.000) en un parque público de viviendas en régimen de alquiler, a precios realmente asequibles, y poner fin a la política de desahucios y aplicar una condonación de las deudas de todas aquellas familias que hayan sido desahuciadas.
– Hay que limitar el salario de los directivos de la caja al mismo nivel que se marca para el conjunto de los trabajadores públicos, en función de su categoría, poniendo fin de una vez por todas a los salarios «milloneuristas».
– Como entidad financiera pública, prestaría dinero que recibe del Banco Central Europeo al 1%, a ese mismo interés más un pequeño porcentaje que cubriera los costes de gestión, en lugar del 4 ó 5% actual.
– La entidad aplicará unas condiciones crediticias asequibles a las familias trabajadoras y a las pequeñas empresas, y, en especial, un trato preferente a las cuentas nómina y, en general, a las rentas más humildes.
Nacionalizar todas las cajas e intervenir los bancos privados
Los problemas de Bankia no son más que los problemas del conjunto del sistema financiero, cajas y bancos. Todos ellos estarían en quiebra sino fuera por las ayudas públicas que reciben, por parte del Estado español (141.000 millones de euros hasta la fecha) y del Banco Central Europeo (casi 316.000 millones, con préstamos en su mayoría a tres años).
Todos ellos se han dedicado a fomentar la especulación, particularmente en el negocio inmobiliario, amasando enormes fortunas para sus grandes accionistas y, ahora que todo ese castillo de naipes se ha derrumbado, nos dejan las deudas para que las paguemos entre todos. Y esas mismas entidades financieras que reciben cientos de miles de millones de euros del erario público son las que nos exigen recortes drásticos para el gasto social.
En definitiva, estas medidas financieras son inseparables de la política de recortes, que está consistiendo en transferir recursos públicos para sufragar quiebras privadas de una enorme magnitud, y que se enmarca dentro de una drástica transferencia de rentas de quienes menos tienen a los sectores más ricos de la sociedad, que se suma a la que se está imponiendo con los despidos masivos de estos años y los recortes salariales.
Si son nuestros ahorros, si pagamos con dinero público, nosotros tenemos que tener derecho a decidir. No se puede seguir actuando a salto de mata y de la forma más beneficiosa para los banqueros, no para la sociedad. La única forma de sanear el sistema financiero, prevenir futuras crisis, revertir esta política de recortes y combatir el paro, es mediante:
– La nacionalización de todas las cajas y sus bancos (una parte muy importante ya lo está), pero no para venderla a precio de saldo a la banca privada para que una minoría de grandes accionistas puedan seguir ganando dinero con nuestros ahorros, mientras la deudas las pagamos entre todos, sino para transformarla en una auténtica banca pública que supondría cerca de la mitad del sistema financiero, y haría posible garantizar su viabilidad y una gestión que democrática, transparente y en beneficio de la mayoría de la sociedad.
– Todas las ayudas que reciban las entidades financieras deben dar lugar a la entrada de representantes públicos en los consejos de administración de dichas entidades, que rendirán cuentas públicamente y garantizarán una gestión responsable socialmente.
– Finalmente, se intervendría en todas las entidades financieras para realizar una auditoría integral y pública de la situación de las mismas, por organismos públicos con personal cualificado pero sin vínculos con las entidades financieras, para averiguar cuál es la situación real de estas entidades.
Hacemos un llamamiento a todas las entidades políticas, sindicales y sociales que luchan contra los planes de recorte de derechos sociales y laborales, a trabajar de forma coordinada para difundir estas propuestas, a incorporarlas a sus reivindicaciones y a movilizar para exigir su aplicación.