Por un sistema público de Cajas de Ahorros

Comunicado de la Plataforma por una Banca Pública

La crisis económica se ha convertido en la excusa para convertir definitivamente a las Cajas de ahorros en bancos privados. Pero esta medida no asegura un buen uso de nuestros ahorros. Por el contrario, al convertirse en entidades plenamente privadas y desligadas del objetivo social, susceptibles de ser vendidas al mejor postor en cualquier parte del planeta, su volatilidad se incrementa y el riesgo de que nuestros ahorros desaparezcan por una mala gestión, se multiplica.

Importantes bancos han quebrado en el mundo, y muchos más lo habrían hecho si no se los hubiera sostenido con dinero público. Los Gobiernos se han endeudado para salvarlos, y ahora exprimen a la ciudadanía mediante la deuda pública, forzando el recorte de salarios, del empleo público y de los gastos sociales. Si no hacemos nada, la banca privada se adueñará de las Cajas y de nuestros ahorros para utilizarlos en su beneficio.

Nuestras reivindicaciones

• Derogación de todas las medidas legislativas que abren la puerta a la conversión de las Cajas y sus bancos participados en bancos privados
• Realización de auditorias por los organismos públicos competentes de todas las entidades financieras que nos permitan conocer cuál es su situación real
• Petición de responsabilidades penales por las fraudulentas actuaciones de los miembros de los consejos de administración de las entidades bancarias y de los organismos supervisores (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores) que han ocultado la situación patrimonial de las entidades
• Conversión de las Cajas en entidades públicas mediante su nacionalización. El dinero público que se ha empleado en su apoyo no debe retirarse en el plazo de cinco años, como está previsto, sino convertirse en participaciones públicas en el capital social de la Cajas, y que se tomen las medidas necesarias para nacionalizar el resto
• Fin de los sueldos millonarios de los altos directivos, estableciéndose un régimen salarial equivalente al que tienen los trabajadores de las Administraciones públicas
• Revisión de la actuación en los consejos de administración de empresas participadas por las Cajas para asegurar que la actuación es correcta, financiera y socialmente, sin tratos de privilegio ni respaldo a políticas regresivas en el terreno social, laboral o ecológico
• Fin a la política de desahucios de las familias que acrediten la imposibilidad de pagar su primera vivienda, y puesta a disposición de las administraciones públicas del stock de casas de las Cajas para contribuir a crear un parque público de vivienda en régimen de alquiler, a precios asequibles, a fin de que se cumpla el derecho constitucional a una vivienda
• La gestión de las Cajas será democrática, pública y conocida por toda la sociedad, rindiendo cuentas de la misma periódicamente en los respectivos parlamentos autónomos
• Ninguna destrucción de puestos de trabajo en las Cajas, las fundaciones y la Obra Social
• La actuación de las Cajas formará parte integral de la política económica y social de las Administraciones públicas, en particular de las comunidades autónomas, cuya prioridad será la consecución del pleno empleo y el desarrollo de unos servicios públicos acordes con las necesidades reales. Se prohibirá específicamente la actividad especulativa o la apertura de cuentas y delegaciones en paraísos fiscales, de forma directa o a través de su participación en otras empresas
• Devolver sus ahorros a las personas estafadas con «participaciones preferentes» y «obligaciones subordinadas»

PLATAFORMA POR UNA BANCA PÚBLICA