La Plataforma rechaza el proyecto de Ley que regulará el funcionamiento de las cajas de ahorro y de las fundaciones bancarias

Septiembre de 2013

El Consejo de Ministros aprobó con fecha 21 de junio de 2013 la remisión al Parlamento del proyecto de ley que regulará el funcionamiento de las cajas de ahorro y de las fundaciones bancarias. El texto, que pretende regular el marco legal de las futuras cajas de ahorros, busca “devolver a estas entidades a su entorno territorial habitual, fortalecer el gobierno corporativo de las entidades y evitar los excesos del pasado”. Después de la pulverización del sector, solamente sobrevivirán dos entidades de pequeño tamaño (Caja Pollensa y Caixa Ontinyent) ya que el resto de las cajas de ahorro cuyo tamaño e implantación supere los límites establecidos en el proyecto de Ley, se transformarán en nuevas fundaciones bancarias (Caixabank, Unicaja y Kutxabank por ejemplo).

No podemos menos que mostrar nuestro más absoluto rechazo a este proyecto de Ley. Estamos absolutamente en contra del mismo porque se certifica el desmantelamiento de unas entidades centenarias, las cajas de ahorro, que han llegado a controlar prácticamente la mitad de la cuota del mercado financiero español. Unas entidades cuya naturaleza se explica por la ausencia de ánimo de lucro, sin propietarios privados, y en cuyos órganos de gobierno participan instituciones públicas, depositantes y trabajadores de cada entidad. Y en las que una parte de sus beneficios netos de impuestos eran dedicados a proyectos sociales a través de la obra social. El proceso de reestructuración acometido pasa por aceptar que las cajas de ahorro han sido el principal problema para la estabilidad del sistema financiero. La solución que plantea el proyecto del Gobierno, reside en reducirlas a la mínima expresión, separando definitivamente el negocio bancario de las cajas o convirtiéndolas en entidades irrelevantes.

No hay elementos objetivos que puedan apoyar este diagnóstico. Ni las cajas de ahorro tenían más morosidad ni sustancialmente más exposición al sector inmobiliario que los bancos. Las cajas de ahorro estaban en quiebra, exactamente igual que las entidades bancarias; pero si la reducción de un sector financiero absolutamente sobredimensionado se hacía a costa de las cajas de ahorro, quedarían ocultas las actuaciones en el resto de entidades.

El resultado supone un proceso de concentración de capital financiero con la constitución de grupos bancarios privados cada vez con mayor dimensión, cuyo riesgo sistémico también es evidente, y que sobreviven gracias al apoyo público y al aval del Estado.

La superación de la actual situación requerirá inevitablemente la nacionalización de la práctica totalidad del sector financiero por la conversión de gran parte de las ayudas públicas ya desembolsadas en capital y el radical saneamiento de las pérdidas ocultas en los balances. Pero de nada serviría esa medida si únicamente se plantease de forma temporal porque la gestión y la administración de los ahorros de la sociedad son demasiado sensibles y vitales como para dejarles en manos privadas. Tampoco puede ser admitida la opción a la que parecemos abocados en el presente: que el Estado sanee las entidades bancarias con fondos que detrae de las partidas presupuestarias destinadas al gasto social para regalárselas a continuación a los mismos que las han llevado a la ruina.

Hay alternativa a estas actuaciones claramente contrarias a los intereses de los ciudadanos. Por eso reivindicamos la Banca Pública como instrumento que coadyude a una salida diferente a la actual crisis. Una Banca Pública que no debe ser únicamente un medio legítimo que permita poner los ahorros de la sociedad al servicio de la sociedad, sino que debe ser parte de una estrategia más amplia que permita que aquella ejerza el poder económico y democrático.

Plataforma por la Banca Pública

Septiembre de 2013

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