La nacionalización de sectores estratégicos
Carlos Sánchez Mato
Economista y profesor en la UCM. Plataforma por la Banca Pública y Attac Madrid.
Bolivia ha anunciado a través de su presidente, Evo Morales, la expropiación de cuatro filiales de Iberdrola en su país con el objetivo de garantizar el suministro de energía eléctrica a zonas rurales y eliminar la discriminación tarifaria actual entre áreas rurales y urbanas. La compañía eléctrica española cobra en áreas urbanas un promedio de 0,09 dólares por kilovatios/hora frente a 0,23 dólares en zonas rurales. ¿Es lógico que una compañía privada cobre más donde le resulta más caro distribuir la energía que produce?
Mientras, en nuestro país se avecina un nuevo incremento del precio que pagaremos por la electricidad (otro 3% más). Al mismo tiempo se nos bombardea desde los medios de comunicación (financiados suculentamente, por cierto, por anuncios de las compañías eléctricas) sobre la imposibilidad de mantener las actuales tarifas, la imperiosa necesidad de las subidas y lo ruinoso del negocio de las compañías eléctricas debido a que pagamos la electricidad por debajo de su coste (déficit de tarifa).
Lobby eléctrico y Gobiernos: un matrimonio sin fisuras
Si así fuera, ¿Cómo es posible que las tres compañías eléctricas más grandes hayan cerrado 2011 con unos beneficios netos superiores a los 6.300 millones de euros, y se prevé que repitan esa cifra en 2012, mientras que el déficit de tarifa de este ejercicio superará los 2.000 millones de euros?
Solamente se puede explicar por el matrimonio entre el lobby eléctrico y los sucesivos gobiernos (Aznar, Zapatero y Rajoy) que han blindado un negocio para las compañías que solamente funciona por la protección del Estado y la sumisión de los intereses generales a los de los accionistas de unas empresas privadas.
El «mercado» eléctrico es un ejemplo palmario del ineficaz funcionamiento de la iniciativa privada en sectores estratégicos que precisan de enormes inversiones y cuyo beneficio económico solamente es posible gracias a prebendas obtenidas del sector público al que tanto denuesta.
La realidad actual en España obligaría a la inmediata nacionalización de un sector, profundamente intervenido, con el objetivo de desarrollar una política energética con objetivos a largo plazo al servicio de los intereses de los ciudadanos.
Sin embargo, nuestro Gobierno se conformará con `envolverse en la bandera´ y defender los intereses de Iberdrola, que gustosamente pagará un buen precio sentando a alguno de sus paladines en el consejo de administración en los próximos años.