El ministro de Economía tiene razón
Manuel Muela .
Cuando declara que es importante revisar el concepto de las PYMES con el fin de conseguir que llegue el crédito a aquellos sectores no relacionados con la burbuja inmobiliaria, que tan graves daños ha causado a la economía española. También me parece significativo que en el ir y venir de los bancos nacionalizados, el ministro, aunque insiste en su pronta venta, no esté por la labor de inundar de regalos a los presuntos compradores. Debe tener elementos de juicio, que desconocemos, para pensar que en breve plazo se producirán ventas normales, entendiendo por tales que el Estado recupere al menos lo invertido en los mismos: su optimismo le lleva incluso a vaticinar que la futura venta de Bankia se hará con beneficios.
Nos congratularíamos de todo ello, porque las afirmaciones del responsable de Economía parecen encaminadas a clarificar el panorama del sistema crediticio nacional en el que el Estado ostenta una posición preeminente, desmintiendo el esquema practicado hasta ahora de la socialización de pérdidas. Habrá que estar atentos a los movimientos de las próximas semanas, porque existen grupos de interés muy importantes contrarios a que los poderes públicos ejerzan como tales en defensa del interés general.
Confianza y seguridad para las empresas
Es de sobra conocido que el tejido empresarial español está formado por pequeñas empresas, en realidad microempresas si nos comparamos con los socios europeos que gozan de mayor tradición industrial y empresarial. Y esas microempresas han venido funcionando con el concurso inestimable del sistema bancario, que ha tenido en ellas su fuente principal de negocio durante los tiempos en que la actividad económica se desenvolvía con un dinamismo especial. No me refiero al fenómeno especulativo, sino a la actividad derivada de la mayor capacidad de consumo de los españoles, no siempre proveniente de la especulación inmobiliaria: la baja fiscalidad y el sentimiento de seguridad en el presente y el porvenir eran dos factores inestimables que contribuían a dar una imagen de país normalizado. El contrapunto de ello es que esa constelación de microempresas y autónomos era frágil en términos financieros, porque la asunción de riesgos significativos no ha formado parte del vademécum empresarial español; por eso, la restricción crediticia ha tenido efectos devastadores tanto para las empresas como para el propio sistema bancario, el principal socio capitalista de ellas. Y, como ocurre en estos casos, han pagado justos por pecadores.
Ese es el sentimiento que percibimos en las declaraciones del señor De Guindos cuando proclama que existen necesidades en sectores no ligados a la burbuja, que están siendo víctimas de ella. Palabras ajustadas y bienintencionadas que requieren, a mi juicio, mucho más que su mera proclamación: como mínimo un plan de desarrollo económico que oriente y ayude a todos los agentes, incluidos los bancos, para superar los inmensos destrozos de esta guerra sin cañones. Porque es ilusorio pensar que el azar o las iniciativas aisladas puedan, por sí solos, hacer eficaces las declaraciones ministeriales. Estas son importantes, y además son bienvenidas, pero son únicamente un punto de apoyo para planificar acciones de mayor enjundia que trasciendan los escasos propósitos privados que florezcan entre los escombros de la economía nacional. Conviene insistir en este punto, ya que, en mi opinión, es una de las claves para recuperar la confianza y la seguridad perdidas. Ninguna de las dos se recuperará, si además de no explicitar un proyecto, se sigue insistiendo desde otras partes del Ejecutivo en los mensajes de los recortes y de la desesperanza. Los buenos deseos de un ministro pueden ahogarse en el mar de los despropósitos que siguen inundando nuestra pobre y desafortunada política nacional.
El arma de la gestión de la banca pública
No obstante, el ministro de Economía tiene en su mano instrumentos para hacer creíbles y practicables sus afirmaciones: toda la banca nacionalizada depende de su ministerio, lo que no es moco de pavo. Hasta ahora se ha rehuido utilizarla para apoyar la salida de la crisis de la que tanto hablan los portavoces gubernamentales. Se ha creído que esos bancos públicos, una vez saneados, debían ser regalados, ignorando que los receptores de tales regalos venderían encima la aceptación de los mismos como un favor al Gobierno. De hecho, los potentes grupos mediáticos de esos “benefactores” transmiten cada día sus exigencias de ayudas con el mayor de los descaros sin que nadie diga ¡basta! Pero el Ministerio puede hacerlo, y las declaraciones de su titular me hacen pensar que lo hará, harto de presiones y de algún que otro desplante. Ya sabe con quienes se juega los cuartos. La cuestión es si contará con apoyos para ello.
Esos grupos oligopolísticos pretenden obtener regalos y endosar al Estado las pérdidas de todo lo invertido en el rescate bancario, obligándole a abjurar de sus compromisos con los ciudadanos, consistentes en minimizar los costes de la operación. Para el ministro de Economía, que ha hecho bandera de ese compromiso, resulta un sapo difícil de tragar, sabiendo como sabe que dispone de alternativas: el FROB no es gestor, pero tiene la SEPI, que acaba de comprar a Bankia, propiedad de aquel, una antigua empresa pública, INDRA, por razones estratégicas, según la explicación oficial. Un desembolso de más de 300 millones de euros que, si Bankia hubiera estado ya en manos de la SEPI, habría sido innecesario.
En fin, demos por buenas las explicaciones de esa operación singular cruzada entre entidades del Estado, porque nos sirven para defender nuestra tesis: por razones estratégicas de mucho mayor calado, todos los bancos capitalizados por el FROB podrían seguir el mismo camino, solo que en éste caso se trataría de un mero traspaso contable de titularidad, del FROB a la SEPI, entre organismos del Estado, que es el responsable último de las deudas contraídas por el rescate. Y, a partir de ahí, dejarse de desmantelamientos ruinosos, como el que estos días plantean con Catalunya Banc, que ha encendido todas las alarmas en Cataluña y en la propia Generalidad, y ponerse a gestionar en serio sin prejuicios ideológicos ni temor al qué dirán. No dudo que habría rasgado de vestiduras y puede que mucho más, pero el ministro de Economía y el propio Gobierno tendrían de su parte la fuerza que da servir al interés nacional. Falta les hace con la que se nos viene encima.
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