Control y transparencia en la gestión de las entidades nacionalizadas

Recientemente se ha conocido el enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y el Banco de España acerca de la solución a la problemática de las entidades nacionalizadas, cuyo balance global a 30 de noviembre de 2012 alcanzaba los 415.000 millones de euros. Desde el ministerio que preside Luis de Guindos se pretende coordinar la gestión de las mismas para mejorar su eficiencia, si bien el fin último es obtener un precio más elevado cuando llegue el momento de privatizarlas. Por su parte, el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, niega que la posibilidad de una intervención pública permanente de la gestión de las entidades sea la mejor forma de alinear su operativa con los intereses sociales.

En opinión de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por la Banca Pública, el espectáculo que Gobierno y Banco de España están ofreciendo es lamentable. El ministro de Economía y Competitividad está reconociendo la existencia de una banca pública pero no actúa con presteza para dotarla de un plan creíble y adecuado a las necesidades de la sociedad. Entretanto, el funcionamiento de las entidades nacionalizadas no solo no es el que se puede esperar de una institución de este tipo, sino que, por el contrario, es el más alejado posible a un modelo que se alinee con los intereses sociales. Solo hay ver cómo se enfrentan los gestores de las entidades nacionalizadas al escándalo de las participaciones preferentes, los desahucios y las reducciones de plantilla.

Desde la Plataforma seguimos exigiendo una banca pública, construida a partir de las Cajas de Ahorro nacionalizadas, que atienda a los intereses de la mayoría de la ciudadanía y la conversión de todas las ayudas públicas otorgadas en acciones en poder del Estado.

Pero mientras ese objetivo fundamental se alcanza, hay un problema acuciante: que los ciudadanos puedan controlar esta macro entidad que se está gestando para evitar que se reproduzcan, en cuanto las circunstancias económicas mínimamente lo permitan, los mismos comportamientos que en parte han llevado a la quiebra a las entidades nacionalizadas. Nos referimos a la financiación de macro proyectos no rentables y a los apoyos crediticios a amigos y correligionarios. Esto solo puede evitarse con transparencia pública de la gestión, publicando los estados financieros auditados de las entidades nacionalizadas. Sin embargo, a excepción del Banco Financiero y de Ahorros, el resto de entidades bajo control público no ha hecho públicos sus balances correspondientes al pasado ejercicio. Tampoco han publicado sus estados financieros de 2012 el Fondo de Garantía de Depósitos y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria lo que contribuye a la opacidad en un momento clave en el proceso de reestructuración del sector. El retraso a la hora de la presentación de cuentas impide el imprescindible control de la actuación de los gestores de estas entidades por parte del Parlamento.

La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso debe recibir periódicamente y por escrito información suficiente sobre la gestión de las entidades nacionalizadas y examinarla con la asistencia de cuantos expertos en la materia precisen, de manera que no sean meros espectadores de las manifestaciones de los comparecientes como viene ocurriendo hasta ahora.

El Parlamento no puede seguir sin realizar un adecuado control efectivo de la gestión de las entidades nacionalizadas. La transparencia es el único camino para evitar que sea señalado por la ciudadanía por prácticas no ajustadas a la ley. Acometer esta tarea es una tarea prioritaria para recuperar la confianza en las instituciones.

Plataforma para una Banca Pública

Madrid, 17 de abril de 2 013

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