Basta de financiar a los banqueros

 No al “rescate” y al “banco malo”

Auditoría e intervención pública en todo el sector financiero ¡ya!

Plataforma por la nacionalización de las Cajas de Ahorros y por una Banca Pública

http://bancapublica.info/          nacionalizarlascajas@gmail.com         1 de octubre de 2012

 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dice que todas sus decisiones son en aras del interés general, es decir, que son beneficiosas para la mayoría de la sociedad aunque supongan sacrificios a corto plazo. Sencillamente, no es verdad. Todo lo que nos cuentan no es sino un cúmulo de mentiras o medias verdades para ocultar que están pagando las deudas del sector financiero y las grandes empresas a cargo del erario público y que, para poder hacerlo, están demoliendo el gasto social y sometiendo a los trabajadores a una explotación cada vez más brutal. Y que, si se lo permitimos, todos estos recortes vienen para quedarse. El significado de palabras como “reforma” o “rescate” es adulterado, para tratar de disimular su política real. Por eso, decimos NO AL RESCATE, porque están rescatando a los banqueros y a las grandes fortunas a nuestra costa. Nos dicen que debemos remar en la misma dirección, pero ellos llevan el timón y la mayoría estamos condenados a remar, como galeotes.

La quinta reforma financiera en dos años, la tercera del gobierno del PP, ha dado lugar a la creación del llamado “banco malo”, una medida que ahonda en la política de inyectar dinero público a los bancos privados. Con esa entidad pretenden sacar de los balances de las entidades financieras millones en activos devaluados o incobrables. ¿Cuál es el meollo del asunto? Los bancos no pueden hacer frente a sus deudas. Ese problema no se soluciona con préstamos, que sólo aplazan el problema y lo agravan, pues aumentan el endeudamiento de las entidades. Necesitan dinero en efectivo que no tengan que devolver. Y el “banco malo” es la vía elegida para dárselo, comprándoles activos “tóxicos” por un precio mayor que su valor de mercado.

El “banco malo” ¿para quién?

¿De dónde saldrá el dinero para financiar el “banco malo”? Del que le preste la Unión Europea, con un tope de 100.000 millones de euros, por ahora. ¿Quién responde por esa nueva deuda? El Estado, es decir, todos nosotros ¿Cuál será el resultado? Que la deuda se trasladará de los bancos privados al sector público. ¿Será suficiente con 100.000 millones? Es poco probable, si tenemos en cuenta que sólo las entidades nacionalizadas ya tienen 75.000 millones de euros en activos tóxicos y representan sólo una cuarta parte del sistema financiero. semantic database ¿Recuperará el Estado ese dinero? Lo único que es seguro es que ese dinero no se podrá dedicar a fines sociales y que será el presupuesto público el que tendrá que devolver esa deuda. Como vemos, el banco será “malo” para la mayoría pero muy “bueno” para una minoría.

El dinero público que habrá que gastar en el “banco malo” se suma a los 215.000 millones de euros en todo tipo de conceptos (avales, compra de títulos, préstamos, capital), y a los más de 411.000 millones que el Banco Central Europeo les ha prestado, la mayoría al 1% de interés. Como vemos, las sumas en apoyo de la banca dejan en ridículo, por ejemplo, el coste del subsidio de desempleo que rondará los 30.000 millones en 2012.

El dinero que reciben las entidades financieras se emplea, a su vez, en comprar deuda pública que se paga a un interés muy superior y en cancelar deudas privadas de las propias entidades financieras. Les prestamos dinero público, de todos los Estados de la Unión Europea, a bajo interés para que ellos nos lo presten a nosotros a alto. La mayor parte de la deuda española es privada (el 81%), y de ésta, la mayoría pertenece a grandes empresas. Sin embargo, desde que empezó la crisis la deuda pública que era de las más bajas de la UE, se ha duplicado y el pago de los intereses de la misma va a suponer unos 35.000 millones de euros este año, más que los gastos de personal de la Administración central del Estado.

Por todo ello, no es ninguna casualidad que los préstamos de la UE al Estado español, dirigidos a sanear las deudas de las entidades financieras, estén vinculados a medidas de recorte del gasto social drásticas y a la imposición de unas condiciones de explotación cada vez más severas al conjunto de los asalariados. ¿Dónde están los beneficios que obtuvieron sus grandes accionistas en los años de vacas gordas? Muchos de ellos están fuera del Estado, no pocos en paraísos fiscales. Los principales beneficios fueron para una minoría riquísima, las deudas nos las dejan a la mayoría. En conjunto, se está produciendo una brutal transferencia de renta de los asalariados y capas más humildes de la sociedad a las más ricas, con un crecimiento drástico de las desigualdades.

¿Qué va a propiciar esta enorme cantidad de ayudas a las entidades financieras? En primer lugar, e irónicamente, que el erario público quede endeudado durante años con los bancos e instituciones europeas. En segundo, que el gasto social acabe reducido a un nivel propio de los tiempos de la dictadura. Y, en tercer lugar, que miles de trabajadores de los bancos van a pasar a engrosar las filas del paro, en la siguiente tanda de ajustes, y que lo poco que quedaba de obra social de las Cajas va a terminar definitivamente desmantelado.

La otra cara de la moneda de esta política, es que bancos como el Santander o el BBVA están aumentando su tamaño y mejorando sus balances a base de comprar baratas, entidades cuyas deudas ya habrá enjugado el erario público a nuestra costa. Se propagó la falacia de que las Cajas de Ahorros eran las que tenían problemas, para facilitar su privatización definitiva y convertirlas en chivos expiatorios de las responsabilidades de todo el sector financiero. El resultado será un sistema financiero con menos entidades y más grandes, y totalmente en manos privadas, mientras la mayoría pagamos en nuestras carnes el reflotamiento del sistema financiero durante los próximos años, hasta la siguiente crisis. Por eso decimos que están salvando a los banqueros y no a los bancos.

La realidad de la crisis financiera y sus consecuencias para la mayoría de la sociedad no la encontramos reflejada en los grandes medios de comunicación, a pesar de que la conocen perfectamente. No es ninguna casualidad, dado que las entidades financieras son accionistas de todos los grupos de comunicación, y su peso en los consejos de administración de los mismos se ha incrementado a causa de la propia crisis.

Para detener estos planes es imprescindible una gran movilización social, sostenida y organizada, que permita la derrota del actual gobierno de la derecha. No hay ninguna posibilidad de pactos con este gobierno que puedan suponer una solución para los trabajadores o para la mayoría de la sociedad. No va a cambiar de política, porque está firmemente comprometido con los intereses de los más poderosos a los que representa. Igualmente, cualquier tentación de formar gobiernos de salvación nacional con el PP, sólo será una nueva forma de seguir imponiéndonos la amarga medicina de los recortes, como hemos visto en Grecia.

Pero además, es necesario propiciar la conformación de una alternativa realmente de izquierdas, amplia y comprometida con los derechos de los trabajadores, plenamente democrática, capaz de enfrentarse a la élite dominante y con un programa alternativo real. Nuestra plataforma quiere contribuir con su propuesta al debate para elaborar ese programa. Una propuesta que se sustenta en tres pilares: una alternativa para la situación del sector bancario, dentro de un proyecto alternativo para el conjunto de la economía y con un planteamiento alternativo para Europa.

1. LA NECESIDAD DE UNA BANCA PÚBLICA

Ante la gravedad de la situación sólo cabe tomar medidas drásticas. No existe una solución fácil a los problemas que sufrimos, pero sí hay una salida distinta de la que estamos sufriendo. La mayoría de la sociedad debemos tomar el control de la economía, empezando por el sector financiero. La única forma de saber cuál es la situación real de las entidades financieras y sanearlo sin perjudicar a la mayoría es interviniéndolas públicamente. Proponemos:

– Nacionalizar de forma integral y definitiva todas las cajas de ahorros y sus bancos participados, a fin de convertirlos en el pilar central de una banca pública. Rechazamos la política de sanear entidades con dinero público para, luego, privatizarlas.

– Todas las ayudas públicas que puedan necesitar el resto de entidades bancarias (incluidos los préstamos del BCE) se transformarán en acciones públicas, con entrada de representantes públicos en los consejos de administración de las mismas. Todas las entidades financieras tienen problemas similares, y todas han de contribuir a sanear el conjunto del sector.

– No se transferirá ni un solo euro público más a ninguna entidad hasta que se complete una auditoría pública y transparente de las cuentas de todas las entidades financieras españolas que permita establecer un plan de saneamiento efectivo. La auditoría incluirá a las grandes empresas, dado que ellas son las responsables de la mayor parte de la deuda.

– La auditoría la realizará un organismo público formado por técnicos no vinculados a los órganos directivos de las entidades financieras, bajo supervisión democrática y sus resultados serán públicos y expuestos de forma asequible para todos los ciudadanos. Esta investigación ha de servir para establecer el estado real de los balances de los bancos y grandes empresas, así como quiénes son los acreedores de dichas deudas y quiénes se han beneficiado de la política de sobreendeudamiento practicada durante los años de auge económico.

– Hasta que no esté terminada la auditoría se decretará una moratoria en el pago de la deuda pública, la cual también tendrá que ser sometida a una auditoría por el mismo procedimiento y con los mismos criterios que la realizada a las entidades financieras.

– Una vez finalizada la investigación se establecerá el siguiente criterio para sanear los balances de las entidades:

– Los primeros en asumir las consecuencias de su situación deben ser los accionistas y bonistas.

– Los siguientes, los acreedores. A partir de la información suministrada por la auditoría se establecerá qué deuda devolver y qué deuda se considera ilegítima y, por tanto, no se devolverá, forzando una quita de la deuda. No podemos perder de vista que durante años acreedores e inversores han obtenido beneficios espectaculares mediante la especulación con el ladrillo, la edificación de obra civil que no ha aportado ningún beneficio a la sociedad, etcétera. La devolución del resto se reestructurará de forma que no impida el desarrollo de la sociedad.

– Sólo después de dar los anteriores pasos, se inyectará dinero público a fin de garantizar los depósitos de los impositores.

– Se debe abrir una investigación judicial para depurar las responsabilidades de los directivos y grandes accionistas de las entidades bancarias.

– Se respaldarán las medidas legales oportunas para defender los derechos de todos los pequeños accionistas forzosos que hayan sido engañados en beneficio de las entidades financieras para que suscriban productos financieros de alto riesgo.

El objetivo final de todas estas medidas es acabar transformando el sector financiero en un sistema público, controlado democráticamente y con unos criterios de actuación que persigan el progreso del conjunto de la sociedad. Igual que la gestión de la sanidad, la educación, el agua, etcétera, la gestión de los ahorros de la sociedad no pueden dejarse al albur del libre mercado y la ley del máximo beneficio, que esta crisis ha mostrado como la ley del máximo perjuicio para la sociedad.

– La Banca Pública establecerá una nueva estructura de dirección realmente democrática a partir de los siguientes criterios:

>   Elección democrática y transparente de todos los integrantes de la misma.

>   Limitación de los salarios de todos los directivos al salario de un trabajador público equivalente.

>   Incompatibilidad para formar parte de la dirección de cualquier persona que haya formado parte de los consejos de administración de otras entidades financieras durante los últimos 10 años. Igualmente, ningún directivo de la banca pública podrá incorporarse a los consejos de administración de entidades financieras privadas en los siguientes 5 años de abandonar el cargo.

>   Limitación de mandatos. Nadie podrá integrar los consejos de administración de las entidades más de 4 años consecutivos.

>   Obligación de rendir cuentas anual y públicamente, en los parlamentos de las diferentes comunidades y central, en un lenguaje asequible para todos los ciudadanos.

– Se establecerá un control efectivo del movimiento de capitales y se intervendrán las sucursales o filiales de bancos españoles en paraísos fiscales, a fin de evitar que las grandes fortunas eludan sus responsabilidades fiscales y sociales. La banca pública no podrá abrir sucursales en paraísos fiscales.

– Se restaurará el Fondo de Garantía de Depósitos, que ha sido indebidamente empleado para sanear las deudas de los bancos cuando se creó para proteger los depósitos de los ciudadanos ante posibles quiebras bancarias.

– El parque de viviendas vacías en manos de los bancos pasará a engrosar un parque público de viviendas, que se alquilarán a precios asequibles mediante una empresa pública de alquiler.

– Se les condonará la deuda a todas las personas desahuciadas por falta de recursos, aplicando la dación en pago con carácter retroactivo. En los casos de familias que se vean amenazadas por el desahucio por imposibilidad de pagar las cuotas de su vivienda, se les aplicará la dación en pago incorporando la vivienda al parque público y podrán seguir viviendo en ella a cambio de una renta asequible.

– Todas las participaciones en empresas de las entidades financieras pasarán a manos públicas.

– Las entidades se vincularán también a sus territorios, pasando su actuación a estar coordinada con las diferentes administraciones, formando parte de sus planes de desarrollo económico y social. Su prioridad será que los ahorros de la sociedad se gestionen en beneficio de la sociedad, con criterios de eficiencia económica y social.

– La Obra Social de las Cajas, cuya utilidad social se acredite, se incorporará mediante un proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes administraciones.

– Se garantizarán unas buenas condiciones a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan domiciliada la nómina en la entidad.

– Se habilitarán líneas de crédito suficientes para pequeñas y medianas empresas, y familias.

– Cesar los despidos de trabajadores y trabajadoras, tanto de la parte financiera como de su Obra Social y fundaciones. Es necesario defender los puestos de trabajo, en condiciones dignas, además de que existan medios para una atención adecuada a los impositores de la entidad.

2. LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

Los problemas del sector financiero no pueden abordarse por separado de lo que le sucede al conjunto de la economía. Las personas que no tienen empleo y salarios dignos no pueden pagar sus deudas. A su vez, los problemas del resto de la economía no pueden resolverse mientras no exista un control público real de las entidades financieras, pues el objetivo último de nuestras propuestas es poner los recursos financieros al servicio de las necesidades de la mayoría de la sociedad.

Las políticas que actualmente se aplican nos ofrecen un paro crónico de varios millones de trabajadores y unas condiciones de explotación en los puestos de trabajo cada vez más penosas, además de una reducción a la mínima expresión de los servicios públicos a pesar de que cada vez nos hacen pagar más impuestos. Proyectos como Eurovegas o Barcelona World no hacen sino revelar que la “iniciativa privada”, los grandes poderes económicos, no tienen otra alternativa que convertirnos en un país de mano de obra barata y de servicios. Unos proyectos en los que están implicados los grandes bancos españoles. Suponiendo que lleguen a realizarse, crearán poco empleo y de muy mala calidad, pero seguro que algunos ganarán mucho dinero con la operación y, si al final, todo va mal, el Estado volverá a salvarles.

Es hora de decir basta. No faltan recursos para que todo el mundo tenga una existencia digna, el problema está en quién los tiene y en beneficio de quién se usan. A partir de una fuerte banca pública y ante el evidente fracaso de la “iniciativa privada”, es necesario poner en marcha un plan de desarrollo del sector público en todos los terrenos que permita alcanzar el pleno empleo, unos servicios públicos de una calidad y cuantía suficientes, y empezar a revertir de forma veraz el expolio de los recursos naturales. Es decir, poner la economía al servicio de las personas y no al revés.

Por todo ello lanzamos las siguientes propuestas a debate del conjunto de entidades políticas, sindicales y sociales de la izquierda, así como del conjunto de los trabajadores y trabajadoras:

– Control social y democrático con intervención pública de los sectores estratégicos de la economía como la finanzas, banca, las telecomunicaciones, la energía, el agua… Muchas empresas de estos sectores, eran públicas antes y son, de hecho, auténticos oligopolios. La mayoría de ellas han tenido y tienen un gran apoyo público: bonificaciones fiscales, innumerables contratos con las administraciones públicas y ayudas directas, como es el caso de los bancos. No se trata de pequeñas empresas sino de grandes estructuras productivas con una enorme repercusión en la vida de toda la sociedad y de la naturaleza. Todos esos recursos deben estar sometidos a un control democrático para asegurar que se emplean de la forma más provechosa para el conjunto de la sociedad.

– Desarrollo de unos servicios públicos acordes con las necesidades reales. Detener la política de recorte de los servicios públicos y privatizaciones, devolver al sector público todos los servicios privatizados, y empezar un proceso de ampliación de los mismos hasta alcanzar una infraestructura suficiente para atender las necesidades reales de la sociedad, con la consiguiente creación de empleo.

– Poner en marcha un plan de industrialización y desarrollo público que tenga en cuenta las necesidades sociales, el uso sostenible de los recursos y la creación de varios millones de puestos de trabajo públicos, con salarios dignos. Por ejemplo, una empresa pública energética que iniciara la transformación del sistema hacia uno basado en las energías renovables, el ahorro y la eficiencia, o una empresa pública farmacéutica que, en colaboración con la sanidad y la universidad públicas, desarrolle y abastezca de las medicinas necesarias con criterios de salud pública y no de rentabilidad privada.

En definitiva, a partir de un amplio sector público financiero y productivo, que fuese la columna vertebral de la economía, se podría poner en marcha una planificación democrática y flexible de la misma buscando un desarrollo equilibrado y un uso sostenible ecológicamente de los recursos, y alcanzar el pleno empleo, en condiciones dignas.

3. UNA PROPUESTA EUROPEA

Y, finalmente, es necesario tener presente que no podemos resolver esta situación sin una propuesta para toda la Unión Europea. Con el actual nivel de desarrollo e integración económica de los países de la Unión, una solución definitiva y permanente sólo puede darse a escala continental.

Los recortes sociales y laborales, y el saneamiento del sector financiero a costa del erario público son fenómenos que afectan a todos los países europeos. La banca alemana ha recibido más de 300.000 millones de euros en ayudas públicas y, en conjunto, la banca europea ha recibido más de un billón de euros de los Estados, que son los que se están encargando de sanear las cuentas de dichas entidades en todos los países. Son los bancos alemanes y franceses, los principales acreedores de las deudas que acumulan las entidades de los países de sur.

La burguesía alemana, los grandes inversores, fue la primera que se benefició de los años de auge en el conjunto de la Unión. Por un lado, la mayor parte de sus exportaciones se dirigían a países de la Unión, el superávit alemán era simétrico al déficit español. Gracias a esas exportaciones y a una mayor explotación de los propios trabajadores alemanes, sus beneficios crecieron exponencialmente. Por otro lado, buena parte de esos beneficios los reinvirtieron, por distintos cauces, en el ladrillo español con pingües ganancias. Ahora, imponen drásticas políticas de ajuste en toda Europa para asegurarse que los bancos alemanes recuperan su dinero a costa de desmantelar el magro estado social que tenían países como el nuestro y, por otro lado, aprovechan la crisis para asegurarse abundante mano de obra barata en toda la Unión Europea.

Por tanto, dada la interrelación entre las economías europeas y la similitud de las políticas aplicadas, hemos de buscar una respuesta común para toda Europa. La propuesta que lanzamos al debate es:

– Control social y democrático con intervención pública del sistema bancario europeo. Realizar una auditoría fiable de sus cuentas, sanearlos y poner garantizar que los ahorros de la sociedad europea se utilizan en beneficio de la mayoría.

– Un nuevo Banco Central Europeo bajo control democrático y al servicio del desarrollo social de toda la Unión. El control del conjunto del sistema financiero europeo permitiría acabar con la evasión de riqueza a paraísos fiscales que realizan todas las grandes fortunas.

– Plan de desarrollo europeo basado en la cooperación y el beneficio mutuo. Una banca pública europea y un amplio sector público europeo posibilitarían un desarrollo integral y planificado de los recursos económicos y su control democrático, dando prioridad a la satisfacción de las necesidades sociales y no a la explotación de los trabajadores, una utilización racional de los recursos naturales y no su expolio, y la cooperación entre países que permita un desarrollo integral de todos.

Una Unión Europea realmente democrática, con unos pueblos dueños de sus propios recursos y de su moneda común, sería una fuerza imparable, que podría abrir la puerta a unas relaciones de cooperación real entre los pueblos en beneficio mutuo, en lugar de la competencia por el máximo beneficio privado. Son las respectivas clases dominantes de cada país las que nos están imponiendo medidas de ajuste, a sus trabajadores y a los de los demás países, en su propio beneficio y son ellas las que están alimentando la posibilidad de nuevos enfrentamientos entre las naciones.

Los trabajadores y trabajadoras de todos los países europeos, la mayoría de la sociedad europea, tienen mucho más en común entre ellos que con sus respectivas clases dominantes. Un programa como el que proponemos podría unirnos a todos por encima de nuestras diferencias nacionales y sentar las bases para transformar la Unión Europea.

Igual que las distintas élites económicas y sus gobiernos se ponen de acuerdo para que la mayoría paguemos el pato de la crisis de su sistema, nosotros podemos superar nuestra debilidad si actuamos juntos y tenemos una alternativa. Nuestra plataforma quiere hacer su modesta aportación para propiciar las movilizaciones a escala europea y la elaboración de un programa común.