Bankia debe ser nacionalizada

El Banco de España ha tomado la decisión “a petición del Consejo de Administración” de cesar a los administradores del Banco de Valencia e intervenir la entidad financiera sustituyendo a los responsables por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En la misma nota informativa publicada por el Banco de España se comunica la inyección de 1.000 millones de euros al capital de Banco de Valencia y la aportación de 2.000 millones de euros adicionales para garantizar su liquidez. Después de años de beneficios privados para una minoría, las pérdidas las vamos a pagar todos.

Ante esta decisión, la Plataforma por la nacionalización de las cajas de ahorro quiere decir lo siguiente:

  1. Aunque el Banco de Valencia es una de las muchas entidades financieras españolas que adoptaron una estrategia basada en el desenfrenado crecimiento del crédito destinado al sector inmobiliario y de la construcción, su equipo directivo fue especialmente imprudente en este aspecto. A finales de 2010 los préstamos a constructoras y promotoras ascendían al 65,85% del total frente a una media del 58,2% de las entidades financieras españolas. Cuando se produce el estallido de la burbuja inmobiliaria, el Banco de Valencia agrupó a través de una filial denominada Valenciana de Inversiones Participadas a más de 35 empresas inmobiliarias casi todas ellas en pérdidas y a las que está financiando con préstamos sin intereses.
  2. Además de la excesiva exposición al crédito ligado al “ladrillo”, el Banco de Valencia se embarcó en los últimos años en operaciones de muy dudosa utilidad para la entidad solamente explicables desde la actuación culposa o quizás dolosa de sus directivos.
  3. Las fallidas actuaciones de la cúpula del Banco de Valencia no han sido óbice para  que aumentaran escandalosamente sus retribuciones entre 2006 y 2007, justo el año en el que comenzaron a sentirse los primeros efectos de la crisis financiera. En concreto, el grupo de nueve personas encargado de gestionar la entidad con el consejero delegado a la cabeza, pasó de recibir 2,3 millones de euros en 2006 a cobrar 4,4 millones el año siguiente, lo que equivale a un incremento del 82%. Cuando los resultados de la entidad comenzaron a caer, los directivos se han aplicado recortes en sus retribuciones sin que hallan llegado a los niveles previos a la crisis. En 2009 se repartieron más de 3,7 millones de euros y en 2010 superaron los 3 millones de euros de emolumentos.
  4. Es evidente que las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración en 2010 y las correspondientes al primer semestre de 2011 no reflejan la imagen fiel del patrimonio de la entidad dado que no se han reflejado las adecuadas provisiones por los quebrantos de su cartera de créditos.
  5. Las cuentas anuales de Banco de Valencia han sido aceptadas sin ningún tipo de salvedad por la firma auditora Deloitte que se convierte de esta forma en responsable de la mala práctica contable llevada a cabo por la sociedad. Hay que añadir que la firma Deloitte es la que preparó el informe económico con el que Bankia sale a Bolsa y que también maquilló la contabilidad de la entidad omitiendo unos datos que, de haberse incluido, hubieran mostrado unos resultados de 2010 con pérdidas para las cajas de ahorros que aportaron su negocio a Bankia.
  1. El Banco Financiero y de Ahorros accionista mayoritario del Banco de Valencia ha pasado de considerar a la entidad como una participada estratégica a una meramente financiera y a indicar su nula participación en la gestión. No deja de ser un intento de eludir su responsabilidad en la posible quiebra. Es difícilmente creíble su actual discurso dado que hasta el 28 de octubre, José Luis Olivas ocupaba la presidencia ejecutiva del Banco de Valencia, y, a la vez, la vicepresidencia de Bankia. Ese día decidió dejar el cargo y que Aurelio Izquierdo, ex director general de Bankia, le sustituyera. Además de la clara conexión entre directivos de una y otra entidad, en los últimos tres años Banco de Valencia se vio obligado a utilizar de forma masiva la financiación que le proporcionaba Bancaja. Por último, el Banco de España argumentó hace seis meses que no era necesario que pasara los test de stress de la Autoridad Bancaria Europea dado que sus resultados “consolidan dentro de BFA”.
  2. El estallido del Banco de Valencia pone una vez más en entredicho la actuación del Banco de España que permitió la presentación de resultados positivos en el mes de junio (unos exiguos 5,7 millones de euros de beneficio consolidado) a base de dotar un 24% menos de provisiones por insolvencias con respecto al mismo período de 2010. El supervisor ha vuelto a estrellarse de forma estrepitosa en su errática política de ganar tiempo sin solucionar el problema de fondo de las entidades financieras. Ha culminado su penosa actuación con el retraso de la intervención en la entidad por motivos exclusivamente políticos y para que no coincidiera con la campaña electoral.

Será de nuevo el FROB el que acuda en socorro de la entidad para asumir el desfase patrimonial existente y la liquidez necesaria para evitar la quiebra inmediata de la misma. Tres mil millones de euros más de dinero público que tendrán que destinarse a sanear el Banco de Valencia a pesar de que el Gobernador del Banco de España nos anunció hace dos meses el final de la reestructuración del sistema financiero español.

Un nuevo escándalo que no debe quedar impune sin la depuración de las oportunas responsabilidades de todos los que han coadyuvado a colocar a la entidad en la crítica situación en la que se encuentra en la actualidad. 

De hecho, en  la Comunidad de Castilla y León ya hay un escrito de IU a la Fiscalía, planteando la investigación de posibles delitos societarios en sus cajas de ahorros.  Entre ellas se encuentran Caja Ávila y Caja Segovia… parte de Bankia, con monstruosas prejubilaciones de sus milloneuristas. Y en el Parlamento de la Comunidad Valenciana se va a investigar lo ocurrido en la CAM.

El Banco de Valencia es una entidad integrada en BFA-BANKIA, por lo que los 3.000 millones de euros que se ponen a su disposición se suman a los 4.465 millones que el FROB ya puso para la entidad que preside Rodrigo Rato. En total 7.465 millones de ayudas públicas que se suman a las recibidas mediante la compra de títulos de la entidad (3.322 millones de euros) y en avales a títulos emitidos (9.446 millones). En total, 20.233 millones puestos a disposición de BFA-BANKIA por el Estado (más que todo el presupuesto anual de la Comunidad de Madrid).

De hecho, la situación del Banco de Valencia está afectando a Bankia y está provocando una caída muy importante del valor de sus acciones en Bolsa. Es muy probable que la reunión de Rodrigo Rato con Rajoy a los pocos días de su victoria electoral esté relacionada con las medidas de ayuda que las entidades financieras necesitan para “sanear” sus balances de los créditos inmobiliarios con problemas, que según todas las estimaciones rondan los 180.000 millones de euros. Y, sea de la forma que sea (“banco malo” u otras opciones) no tengamos ninguna duda de que acabará siendo el erario público, es decir, todos nosotros quienes paguemos los platos rotos de una década de especulación inmobiliaria. 

Ante ello exigimos a las autoridades estatales y autonómicas:

  1. Que todo el dinero del FROB inyectado en BFA-BANKIA se transforme en acciones con derechos políticos, para que el Estado tome parte directa en al gestión de la entidad, y se proceda a su nacionalización efectiva. Las propias normas del FROB recogen esa posibilidad en caso de que las circunstancias lo hagan necesario.
  2. La quiebra del Banco de Valencia reafirma la falta de transparencia de BFA-BANKIA y sus asesores a la hora de explicar cuál es la situación real de la entidad, por lo que es necesaria una auditoría pública que permita conocer la situación real de la entidad BFA-BANKIA y qué cantidad de ayuda pública necesitará finalmente.
  3. Dada la imposibilidad de confiar en la dirección del Banco de España, reclamamos que se cree un cuerpo específico de inspectores públicos para que realice dichas auditorías, bajo la tutela de la administración central y las administraciones autonómicas afectadas. Se debería crear una comisión parlamentaria mixta entre el Parlamento estatal y los autonómicos afectados, integrada por representantes de todos los partidos políticos, que dirigiera y supervisara dichas investigaciones.
  4. Exigimos la depuración de responsabilidades por la actuación de los gestores —y en el caso del Banco de Valencia, a sus grandes accionistas que durante años han obtenido importantes dividendos— por la situación de las entidades.
  5. Prohibición de despidos de trabajadores de BFA-BANKIA, de las fundaciones de las Cajas integrantes o de las obras sociales respectivas, por causas económicas. Cese de sus directivos y sustitución por personas designadas por las autoridades públicas, de reconocida competencia y con unos salarios nunca superiores a los que se establecen para trabajadores públicos de cualificación equivalente.

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